Pese a proyectar la llegada de cientos de visitantes nacionales e internacionales a la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, las autoridades locales desatendieron las medidas de seguridad del evento en el que fue asesinada la estudiante española Claudia Tacoronte.
Las propias declaraciones de la regidora de Servicios Públicos Municipales, Igualdad y Equidad de Género, y Salud de Cuautla, Sandra Lucía Balón Narciso, evidenciaron la magnitud y convocatoria de la fiesta masiva realizada en la Casa de la Cultura, un despliegue organizativo en el que la seguridad ciudadana al parecer no se contempló como prioridad.
De acuerdo con la funcionaria, la organización del encuentro representó un esfuerzo coordinado entre el Ayuntamiento de Cuautla, la regiduría a su cargo y la Asociación Civil Tlahuilli, estimando una alta ocupación turística y la asistencia de cientos de participantes:
“Ya estamos en los últimos preparativos para recibir a todas las personas que vienen de diferentes estados de la República y de diferentes países… esperábamos aproximadamente 800 personas, esperemos que lleguen más, pero ya están abarrotados los hoteles… esto es un orgullo para mí como regidora.”
A pesar de conocer las dimensiones del festival —programado del 12 al 14 de septiembre— y del flujo ininterrumpido de asistentes desde las 9:00 hasta las 21:00 horas, las garantías de protección dentro del recinto resultaron insuficientes. La falta de operativos de vigilancia preventivos y eficaces derivó en el trágico ataque contra la joven estudiante.
El crimen expone la corresponsabilidad tanto del Ayuntamiento de Cuautla como de la Asociación Civil Tlahuilli y las autoridades organizadoras, quienes priorizaron la promoción turística y la logística de talleres por encima de un plan de seguridad integral para resguardar la integridad de los asistentes.
Respecto al avance de las investigaciones, la Fiscalía General del Estado de Morelos encauzó el caso bajo el protocolo de feminicidio. Tras el análisis de grabaciones de cámaras de seguridad en la zona, las autoridades lograron identificar al presunto agresor, señalado mediáticamente como Francisco Javier “N”, y emitieron una orden de aprehensión para su localización y captura tanto en Morelos como en otros estados del país.
El caso provocó una fuerte indignación social; en México, cientos de estudiantes de la UAEM marcharon por las calles de Cuernavaca e intervinieron el desfile cívico-militar en los festejos patrios para exigir justicia, señalar la crisis de violencia de género y repudiar la falta de seguridad en eventos públicos, mientras que en España, las universidades de Granada y Las Palmas de Gran Canaria guardaron minutos de silencio en su memoria y exigieron el esclarecimiento inmediato del crimen.
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) condenó el feminicidio y precisó que la alumna acudió al evento por decisión propia, exigiendo a las autoridades ministeriales una investigación exhaustiva y rápida para dar con el responsable.
El Gobierno de Morelos y las autoridades federales manifestaron su respaldo mediante las dependencias de Seguridad y Atención a Migrantes para apoyar a las autoridades consulares españolas, al tiempo que los colectivos ciudadanos y comunidades académicas recalcaron que la tragedia evidenció graves fallas preventivas que no deben quedar impunes.
