La libertad de expresión es uno de los pilares de cualquier sociedad democrática., gracias al periodismo la ciudadanía conoce lo que sucede en la vida diaria, cuestiona decisiones gubernamentales, denuncia injusticias y tiene acceso a información que, en muchas ocasiones permite descubrir aquello que otros pretenden mantener oculto. Es por ello que, ejercer esta profesión en México se ha convertido en una actividad que poner en riesgo la vida de quienes se dedican a hacer el noble trabajo de informar.
El pasado 12 de noviembre la agencia de noticias Associated Press, documentó las deficiencias del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, creado particularmente para salvaguardar a quienes enfrentan amenazas por realizar su labor. Existen casos en los que se encuentran periodistas en riesgo, toda vez que pese a contar con medidas de protección, continúan enfrentando agresiones, demoras en la atención e incluso, algunas de esas amenazas han provocado que comunicadores abandonen la cobertura de determinados tópicos por temor a perder la vida.
Es la razón por la que resulta necesario reflexionar sobre el trato que reciben los periodistas desde el propio poder público. En ocasiones, durante los ejercicios de comunicación de la Presidencia de la República, cuando algún comunicador formula preguntas incómodas, cuestiona decisiones gubernamentales o señala posibles irregularidades, las respuestas dejan de concentrarse en el fondo del cuestionamiento y se dirigen a desacreditar y exhibir a quien pregunta.
La presidente Claudia Sheinbaum ha protagonizado intercambios de expresiones en la llamada “Mañanera” en los que se refiere a específicos comunicadores por la supuesta afinidad u oposición política. No obstante, toda persona incluida la titular del Ejecutivo, tiene derecho a responder y defender sus posiciones, existe una diferencia muy importante entre ejercer el derecho de réplica y utilizar la posición de poder para descalificar a quien la cuestiona.
Frente a esta realidad señalada anteriormente, es importante recordar que los artículos 6 y 7 de la Constitución Política Federal reconocen, protegen la libertad de expresión y la difusión de ideas por cualquier medio. Asimismo, el artículo 1ro. establece la obligación de que todas las autoridades deben de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Por otra parte, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas contempla mecanismos institucionales para prevenir agresiones y proteger la vida, integridad, libertad y seguridad de quienes ejercen estas actividades.
En conclusión, puedo señalar que una democracia no se demuestra por la cantidad de veces que un gobierno habla, sino por su capacidad para escuchar incluso aquello que no quiere escuchar y respetar la libertad de ideas y disentir; porque informar no debería atentar a la vida, pero tampoco debería repercutir en el empleo, la seguridad o la tranquilidad de quien se atreve a cuestionar al poder; en fin, cuando se silencia a quien informa, no solamente pierde el periodismo, si no también pierde la sociedad entera y nuestra democracia.