El municipio de Cuautla enfrenta una crisis institucional sin precedentes tras revelarse un presunto detrimento patrimonial que asciende a más de 900 millones de pesos. De acuerdo con las investigaciones de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), las irregularidades financieras se han presentado de manera reiterada durante los últimos tres ejercicios fiscales, afectando gravemente las arcas municipales y la transparencia administrativa en la región.
El titular de la ESAF, José Blas Cuevas Díaz, explicó que la responsabilidad de este boquete financiero se divide entre dos administraciones: la del actual alcalde Jesús Corona Damián, por el ejercicio correspondiente a 2021, y del exedil, Rodrigo Luis Arredondo López, por los años 2022 y 2023. En cada uno de estos periodos, la auditoría detectó faltantes y anomalías que superan los 300 millones de pesos anuales, montos que no fueron solventados a pesar de que los plazos jurídicos de investigación y sustanciación han llegado a su límite.
Ante la falta de aclaraciones, la ESAF ha confirmado que la investigación está totalmente integrada y se prepara una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Anticorrupción (FECC). Este proceso legal, que se espera sea entregado en un plazo máximo de 15 días, busca que las autoridades ministeriales llamen a comparecer a ambos servidores públicos para que respondan por el manejo de los recursos que, hasta el momento, se consideran como un daño directo al erario de Cuautla.
La gravedad del caso ha puesto sobre la mesa la posibilidad de medidas cautelares severas. Una vez presentada la denuncia, la Fiscalía tendrá la facultad de solicitar la separación del cargo de los funcionarios implicados para garantizar que las indagatorias lleguen a fondo sin obstrucciones. Este escenario jurídico podría derivar en consecuencias que van desde la inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta sanciones penales vinculadas a hechos de corrupción.
Finalmente, el Congreso del Estado recibirá la próxima semana el informe detallado que sustenta estas acusaciones. Mientras el proceso judicial avanza, la situación en Cuautla se mantiene bajo la lupa pública, ya que la reiteración del «disco rayado» de los 300 millones anuales evidencia una falla estructural en la fiscalización y el uso del dinero de los ciudadanos, quienes hoy exigen justicia y la recuperación de los recursos desviados.
La trayectoria de Jesús Corona Damián, actual alcalde de Cuautla, ha estado marcada por una serie de escándalos que van desde la opacidad financiera hasta graves señalamientos penales. El edil es objeto de una investigación federales tras la filtración de un video donde aparece en una reunión con un líder del Cártel de Sinaloa, lo que motivó indagatorias por parte de la FGR por presuntos vínculos con el crimen organizado. A este oscuro historial se suman denuncias recientes por delitos sexuales y abuso de autoridad, la detención de su hermano por presunto secuestro en 2018, y una herencia de deudas millonarias por laudos laborales y contratos de parquímetros que dejaron al municipio de Cuautla en una situación de vulnerabilidad administrativa y financiera extrema.
Rodrigo Luis Arredondo López, quien actualmente se desempeña como titular del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos (Conalep), ha enfrentado diversas controversias legales y administrativas a lo largo de su carrera pública. Ha sido investigado por la Fiscalía Anticorrupción por delitos como peculado, enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad, derivados de su paso por el organismo operador de agua de Cuautla (SOAPSC). A estos escándalos se añaden denuncias públicas por persecución política y violencia de género interpuestas por comerciantes y periodistas, así como señalamientos de ciudadanos que vinculan su periodo de gobierno con un incremento en la inseguridad y la extorsión en el municipio.
