Desde que iniciaron los debates sobre el nacimiento de las denominadas leyes de transparencia, la federal y sus clones estatales, nos manifestamos en contra por considerar que establecían la legalización de la censura; hoy a casi 20 años de concretarse la estructura federal surgen los entredichos y en algunos espacios estatales, como Morelos, los señalamientos ante su existencia estéril.
Sin embargo tanto el Instituto Nacional de Acceso a la Información, como el caso del Instituto Morelense de Información Pública, al que nos referimos en esta entrega, forman parte del sistema de institutos constitucionalmente autónomos, y mientras prevalezcan no deben ser lastimados en su composición, aunque la crítica sobre su actuar es parte misma del manejo informativo libre.
Los dos nombramientos realizados por el Senado de la República el 1 de marzo en las personas de Ana Yadira Alarcón Márquez y a Rafael Luna Alvizo encontraron la objeción Presidencial; aunado a ello el próximo 31 de marzo finaliza su labor como Consejero, Francisco Javier Acuña Llamas. Expertos señalan que sin esos tres integrantes el INAI no logrará el Quorum necesario para sesionar y sería inoperante, por lo menos mientras se cumple el proceso en el Senado de la República para la sustitución correpondiente.
El INAI, en voz de su Consejera Presidenta, Blanca Lilia Ibarra, es un órgano imprescindible para la democracia, coadyuva en el combate a la corrupción, fortalece la integridad del servicio público, facilita la gestión efectiva de los recursos nacionales, posibilita un control ciudadano al poder, consolida nuestro estado de derecho, y salvaguarda dos derechos humanos fundamentales que permite a las personas ejercer otros derechos con libertad.
Ante ello, el INAI, habrá de recurrir a la Controversia Constitucional para evitar el colapso en su actuación.
En el caso del IMIPE, la institución local aquí señalada, ha sido calificada como elefante blanco porque no defiende los derechos a la información de las y los ciudadanos y con sus omisiones fomenta la impunidad, la opacidad y la corrupción, según denuncia de Roberto Salinas, codirector del Centro de Investigación “Morelos Rinde Cuentas”.
