Para que una sociedad encuentre un equilibrio, es necesario que las y los ciudadanos que la integran, desarrollen una vida basada en el respeto hacia sus semejantes, por ello, cualquier expresión de violencia entre personas resulta un acto inaceptable y por consecuencia una acción prohibida por la ley. Particularmente, una de las formas que más se desarrolla en el mundo, es la doméstica o mejor conocida como violencia familiar. Lastre que desafortunadamente ha venido en incremento y que afecta al seno más importante de nuestra sociedad que es la Familia.
La violencia familiar ocurre generalmente en el entorno doméstico, aunque también puede darse en otro tipo de lugares, siempre y cuando se encuentren involucradas dos o más personas emparentadas por consanguinidad, afinidad por vínculo de matrimonio o concubinato. Esta modalidad de agresión se presenta cuando uno de los integrantes de la familia incurre, de manera deliberada, en acciones encaminadas a someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, emocional, sexual, patrimonial o económica, a cualquier otro miembro.
En las situaciones de violencia familiar existen dos roles, el activo, que corresponde al maltratador, y el pasivo, que es la persona que sufre el maltrato. El maltratador suele ser una persona que impone su autoridad, fuerza física o poder para cometer los abusos, mismos que pueden ocasionar daños físicos visibles y prolongados, como son los hematomas y las fracturas óseas, o en su caso, psicológicos, como es la depresión, ansiedad, baja autoestima o aislamiento social. De la anterior descripción, ¿Encuentras algún parecido en tu hogar?
Si la respuesta es sí, debes saber que la violencia familiar es considerada como un delito oficioso. En el estado de Morelos se tipifica en el artículo 202 bis del Código Penal Vigente, el cual estipula como pena para quien lo cometa de hasta seis años de prisión y la obligación de recibir tratamiento psicológico.
Erradicar la violencia familiar sería el mejor triunfo para el tejido social, ya que debido a su alto índice de ejecución, se ha catalogado como un problema de salud pública, que requiere de políticas y programas emanados de los organismos competentes para prevenir y concientizar a la población sobre las consecuencias que este tipo de acciones generan. Sin embargo, aun con la existencia de estas campañas, debe decirse que la mejor manera de prevenir este delito es haciendo uso de la denuncia, pues solo de esta manera se inicia la investigación correspondiente y se puede alcanzar el dictado de una sentencia condenatoria.
