La autonomía, que tanto ha criticado el presidente Andrés Manuel López Obrador, que hoy poseen las fiscalías -federal y la mayoría de las estatales- parece que no será impedimento para que el sucesor de Alejandro Gertz Manero, surja desde Palacio Nacional.
En radio pasillo se escucha a todo volumen que quien sustituya al abogado de negra carrera -Rector vitalicio de la Universidad de las Américas de la CDMX- debe gozar de la confianza del Presidente de la República y ante ello, se busca evitar que el Senado -como lo establece la Constitución- tome la determinación. La figura del encargado de despacho podría ser la salida para concluir el sexenio.
Este mecanismo podrá imponerse y seguro será recurrido. Pero detengámonos en algo que nos parece más grave.
Nada de malo tiene que el sustituto del cuestionado y denunciado Fiscal General de la República cuente con la confianza del primer mandatario del país; pero eso es muy diferente a que se someta, incline, reverencie ante la figura presidencial y en los hechos reciba órdenes.
Es muy grave, por donde quiera observarse, que un Fiscal no ejerza su autonomía. El objetivo de fortalecer esos espacios como entes constitucionalmente autónomos, no sirve de nada si sus titulares no se la creen y mucho menos no saben defenderla.
OCESA A REVISIÓN
La gran empresa de Luis Alejandro Soberón Kuri está bajo la lupa.
El Congreso de la Ciudad de México aprobó un exhortó dirigido a la titular del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), Teresa Monroy Ramírez y a los titulares de las 16 alcaldías para que de “manera coordinada realicen verificaciones en materia administrativa, de seguridad, aforo e infraestructura a diversos inmuebles para eventos de la empresa de espectáculos OCESA”.
OCESA, se define como la promotora líder en México, encargada de los mejores conciertos, festivales y millones de experiencias inigualables.
Administra y controla desde hace varios años, entre otros, el Palacio de los Deportes, el Foro Sol, el Pabellón Oeste, el Autódromo Hermanos Rodríguez y el Teatro Metropólitan.
Durante varios años, después de la remodelación del Auditorio Nacional y su reapertura en 1991, OCESA fue la empresa que inició una nueva etapa para los conciertos y espectáculos en México.
En 2018 el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a Nacional Financiera, S.N.C. (Nafin) entregar versión pública del contrato de creación del Fideicomiso para el Uso y Aprovechamiento del Auditorio Nacional y sus dos convenios modificatorios.
También ordenó buscar y dar a conocer el o los contratos celebrados entre el Auditorio Nacional y las empresas OCESA y TicketMaster, para el manejo de la venta de boletos, así como el marco legal y las disposiciones jurídicas aplicables a ese propósito; el objetivo era transparentar la información sobre el ejercicio de recursos públicos para el uso y aprovechamiento de ese recinto, ya que se trata de un inmueble del Estado mexicano.
