El proceso legislativo en torno al llamado “plan B” de Andrés Manuel López Obrador, a fin de reformar las leyes electorales, está muy lejos de su reiterado llamado para hacer la vida pública cada vez más pública. Todo lo contrario. Ni siquiera están permitiendo un debate de fondo al interior de los órganos parlamentarios. Va, como usted prefiera decir, en “fast track” o, como diría yo, en “piloto automático”.
Las razones para hacerlo así van más allá del capricho presidencial. Bueno, sí parten del capricho presidencial, pero para que éste se cumpla deberían comenzar a tener efectos entrando en operación el presupuesto del año 2023, para todas aquellas instituciones que se verían afectadas. Por eso la premura, a ello se debe el desaseo.
Y aunque cuente con los votos para aprobar el cúmulo de inconstitucionalidades que pretenden modificar en las leyes secundarias, eso no significa ni que tengan la razón, ni que digan la verdad y menos que sea para garantizar los derechos de los ciudadanos y mejorar la calidad de la democracia mexicana. Sigue siendo un plan para favorecer al proyecto del presidente y su partido político, pasando por encima del diálogo y el consenso, hasta con sus aliados. Es pues, una imposición, en toda regla.
Habrá que esperar al día de mañana para saber qué es lo que finalmente aprueban y mandan de regreso los senadores a la Cámara de Diputados, pero lo que hasta el momento se ha podido saber, al través de los documentos de trabajo legislativo, es que se mantendrían en el texto de los dictámenes más de una decena de flagrantes violaciones a diferentes artículos constitucionales.
Los artículos de la Carta Magna que serían violentados son al menos los siguientes: 41, 71, 80, 99 y 116. Entre otras de estas violaciones se encuentra el establecer lo que llaman un “Sistema Nacional de Elecciones”, limitar material y temporalmente las facultades reglamentarias del INE y la emisión de sentencias del TEPJF, limitar la jurisdicción del mismo tribunal y las sanciones o infracciones a la Constitución o a las leyes electorales. En otras palabras, quieren otorgar licencias para violar las leyes actuales, estableciendo a lo más penas menores, como amonestaciones y multas.
Además, buscan entorpecer la operatividad de los órganos electorales locales, desde la eliminación de órganos que hoy son permanentes hasta el servicio profesional electoral que, por cierto, es en el que recae el trabajo técnico cotidiano y la garantía de que no son los partidos ni los funcionarios públicos de altos niveles los que determinan qué se hace o no en las elecciones, sino que actúan y garantizan la aplicación de manuales y procedimientos legales, así como que de entrada quitaría el empleo a 1,500 personas que se han dedicado a capacitarse profesionalmente y someterse continuamente a exámenes para no depender de los partidos ni de los políticos.
Encima, las omisiones en el proceso legislativo y la desaparición de la sala especializada del TEPJF son temas que merecen tratamiento aparte, pues son partes fundamentales para evitar que las violaciones a las leyes electorales tengan consecuencias irreparables y que cuando se cometen puedan detenerse lo más pronto posible, lo que no conviene a las campañas anticipadas que ya realizan las corcholatas presidenciales. Así de ese tamaño, el “plan B”, que va volando en piloto automático.
Y para iniciados
Todo lo anterior dará pie para que las oposiciones impugnen las reformas ante la Suprema Corte por su evidente inconstitucionalidad. Hay quienes apuestan a que la reforma se caerá. Pero no es tan sencillo ni automático como la aprobación por los levanta dedos de la cuarta transformación. Para declarar la inconstitucionalidad de una norma, se requiere de ocho votos, como mínimo. Será una prueba de fuego para la autonomía e independencia de los ministros. ¿De qué lado se pondrán, del respeto a la Constitución o del lado del proyecto político presidencial? De no declarar la inconstitucionalidad, esta reforma podría llegar hasta a tribunales internacionales.
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