Como en todo proyecto de reforma, la ciudadanía se encuentra inerte y a la expectativa de los cambios que en la vida jurídica y social pudieran generarse por la modificación al texto Constitucional. Tal es el caso de la propuesta de reforma Político Electoral, de la que en la actualidad, existe gran controversia con relación a los pros y contras de la propuesta, que a lo expresado por diversos Juristas, se trata de un retroceso al proceso democrático de México. Pero, ¿La reforma electoral es una respuesta a las exigencias sociales?
En el sistema democrático los ciudadanos eligen a sus representantes a través del voto, siguiendo un conjunto de reglas y principios referentes a la organización, administración y ejecución de las elecciones, la constatación de validez de los resultados, así como el control de la impugnación; a esto se define como el derecho electoral mexicano.
Ahora bien, atendiendo a la propuesta de reforma, esta se justifica en dotar al país de un sistema electoral que brinde seguridad, respeto al voto, honradez, legalidad, y construir un ámbito nacional en el que partidos y candidaturas independientes cuenten con garantías para su libre participación en la lucha por el poder político.
De lo anterior, a pesar de que los objetivos se advierten benéficos para la ciudadanía, no puede pasar por alto, porque existen rubros que merecen un análisis profundo previo a la declaración de su validez, como es el hecho de la reducción al financiamiento a los partidos políticos, lo cual, si bien resulta benéfico, pues dichos recursos nos cuestan a todos los mexicanos, también lo es que esto podría generar la privatización de los partidos, permitiendo con ello, que empresas privadas financien sus actividades o que se incurra en actos ilegales. Lo mismo sucede con la centralización de las autoridades electorales administrativa y jurisdiccional, y extinción de los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales de las entidades federativas, lo cual es un tema de suma trascendencia, pues con ello se merma la soberanía de los estados, para alinearlas a la voluntad nacional. Considerando a dicha acción como un retroceso democrático, ya que al ser México un país federal, en él debe prevalecer la descentralización, pues solo así así garantiza que el proceso electoral se rija bajo los principios de imparcialidad, independencia y con capacidad jurídica propia.
Además, debe tomarse en cuenta que la propuesta, de que sean los ciudadanos quienes elijan la integración de las autoridades electorales jurisdiccionales, es sumamente delicado, pues el sufragio no garantiza que las personas electas cuenten con los conocimientos suficientes para desempeñar el cargo, pues hace falta tener capacidad y conocimientos jurídicos en la materia para poder desempeñar el cargo, además de que el realizar una “campaña” politiza el cargo al que aspiran y se puede caer en el populismo.
Son distintas las reformas que se proponen, de las cuales algunas resultan necesarias por encontrarnos estancados en un sistema que evoluciona, como es el hecho de reducir a los integrantes de Congresos locales, ayuntamientos y alcaldías. Sin embargo, se reitera que este tipo de propuestas se deben analizar con suma delicadeza, para así evitar una afectación al federalismo y la soberanía de los estados, lo que debe protegerse a toda costa, para así lograr garantizar la esencia de un país democrático.
