*El Poder Legislativo se ocuparía del procedimiento hasta llegar a la sanción final y se les pondría en el ojo público, señaló el legislador del Grupo Parlamentario de Morena
Para terminar con la impunidad de quienes lastiman intereses públicos, el diputado Arturo Pérez Flores presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia del Estado de Morelos.
La propuesta incluye reformas y adiciones a diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en materia de responsabilidades, y la abrogación de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Al presentar el documento este día en sesión ordinaria, el legislador, quien preside la Comisión de Gobernación y Gran Jurado del Congreso, consideró necesario reformar los procedimientos en materia de responsabilidad política en Morelos, eliminando cualquier obstáculo o conducta que impida que los funcionarios sean juzgados y sancionados.
Con su propuesta, el juicio político será responsabilidad del Poder Legislativo, llegando hasta la sanción final, pues actualmente el marco normativo establece que la sentencia la emite el Tribunal Superior de Justicia del estado.
Se pronunció porque “el Estado de Derecho prevalezca y que haya justicia social, porque la práctica de lastimar los intereses públicos y de quedar impune debe terminar”.
“Lastimosamente sabemos que en nuestra entidad el modelo actual no ha logrado fincar responsabilidades a aquellos funcionarios públicos que han quebrantado la ley en el ejercicio de sus funciones, abusando de su poder en perjuicio del interés superior del pueblo de Morelos”, dijo al exponer que la iniciativa de Ley de Juicio Político tiene la virtud de resolver los vacíos jurídicos que contiene la “Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos”.
En ese contexto, la propuesta es que el Congreso del Estado conociendo el dictamen, erigido en Jurado de Sentencia, aplicará la sanción respectiva mediante resolución de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado. Si el hecho motivo del procedimiento ameritare sanción penal conforme a la ley, el responsable quedará a disposición de la autoridad competente para que se le instruya el proceso respectivo.
Señaló la necesidad de transparentar los procedimientos de responsabilidad política y colocar a los funcionarios encargados de ejecutarlos en el ojo público; “el juicio político implica parte de la opinión popular, al estar vinculada con los intereses públicos fundamentales”. Además, “es una forma de respaldar a los ciudadanos que nos otorgaron su voto de confianza, los cuales esperan y tienen el derecho de que nos conduzcamos de la forma más apropiada y apegada al texto legal”.
Resaltó que este tema es de coyuntura nacional, “desde el gobierno federal mi compañero presidente Andrés Manuel López Obrador ha impulsado una agenda de justicia social para el pueblo, que consiste en combate a la corrupción, cero impunidad e influyentismo”.
