Fueron muchos años de lucha, de elevados costos, en todos los sentidos, contra el presidencialismo autoritario del PRI para que pudieran construirse instituciones y establecerse reglas que pusieran freno y límites al abuso del poder del Estado, que entonces operaba a favor de una élite política.
Las demandas provenían principalmente de las izquierdas, conscientes de que los gobiernos utilizaban todos los recursos a su disposición para mantener en franca desventaja a cualquier tipo de oposición al régimen. La competencia política era mucho más que inequitativa, estaba controlada desde las altas esferas del poder.
Mientras las instituciones y las reglas no cambiaran la transición a la democracia sería solamente una aspiración de los demócratas, que eran acusados de reaccionarios, de ir contra la Revolución Mexicana, o de comunistas, de rojillos que pretendían permitir la injerencia de intereses e ideologías ajenas al nacionalismo revolucionario, que simbolizaba el PRI.
Desde los años 60 del siglo pasado la situación se hizo cada vez más aguda, y ya en los 80 se volvió completamente insostenible para el régimen autoritario de partido hegemónico. Las reformas electorales fueron permitiendo cada vez más la participación plural y el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.
La creación de un organismo, que cada vez logró más independencia del gobierno, responsable de organizar los procesos electorales, fue un avance importante. Se fijaron reglas para que los gobiernos ya no pudieran influir con descaro en los procesos electorales, se pusieron límites a la propaganda gubernamental y a la promoción personal de los políticos.
Todo ello fue producto de la lucha y de las propuestas de los partidos opositores y de las organizaciones de la sociedad civil, que terminaron siendo aprobadas en el Congreso de la Unión. México, por fin tuvo condiciones para que las elecciones fueran creíbles, la división de poderes pudiera ser una realidad y la competencia política por fin se reconociera como democrática.
En ese escenario es que llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, con su partido político, Morena. Hoy, AMLO y Morena, quieren echar para atrás todos esos logros. Sintiéndose la encarnación de la patria y del pueblo desafían el cumplimiento de las leyes y sólo aceptan lo que a ellos beneficia. En nombre de la libertad de expresión y de la defensa de los pobres, descalifican a las instituciones y las reglas que ellos mismos propusieron y aprobaron, porque ahora ya no les convienen.
Se acerca el proceso de Revocación de Mandato y todo el aparato del Estado ha sido puesto al servicio de la causa de AMLO y de su promoción personal, de culto a ciegas a su liderazgo mesiánico, sin valorar lo que en realidad está sucediendo en el país, ni la inflación, ni la violencia, ni la persecución y ataques diarios desde las mañaneras, a quien sea que tenga una opinión diferente a la oficial, sin que nada más importe que el mismísimo Andrés Manuel.
Ojalá que la gente sí salga a votar el próximo 10 de abril, pero no sólo los morenistas que van a ir acarreados como borregos o por intereses personales o ideológicos, sino que los más posibles salgan y voten, para que veamos hasta donde de verdad la gente quiere o no que se vaya AMLO.
Y para iniciados
Llegaron las nuevas encuestas a Palacio Nacional. Ayer, caras de preocupación de varios por los entre cinco y seis puntos que sigue bajando la aprobación del presidente. Temen decirle que sus desplantes no vienen bien a su imagen, ni dentro ni fuera del país. Ya hasta la estrategia de disuasión para evitar que haya mucha participación en la Revocación de Mandato parece estar haciendo agua. Los temores crecen en Palacio.
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