Los narcodatos, y el clima de hostilidad, ubican a Sinaloa como la capital de la violencia, a resultas de un fenómeno detonado por la delincuencia organizada y que se ha expandido a todo el país.
Los hechos visibles, como lo son la ubicación de las grandes cabezas de algunos de los cárteles más poderosos del narcotráfico y de los recurrentes acontecimientos criminales que han derivado en asesinatos e intimidaciones a distintas personas, tiene en esa entidad su epicentro. A más de eso, en los últimos años ha cobrado protagonismo la evidente vinculación del narco con la esfera política, tal y como, singularmente, fue evidenciado en las pasadas elecciones para decidir mediante el voto popular a quien encabezara al gobierno de Sinaloa en 2021.
Solo desde una óptica asociada a la impunidad se pueden desconocer u omitir los sucesos que tuvieron lugar en esos comicios de 2021, pues en ellos fue palmario el despliegue de una estructura de delincuentes para generar y asegurar el triunfo del que entonces fuera el candidato morenista, ya que se caracterizó por el secuestro de activistas y simpatizantes de quienes se oponían al abanderado de Morena, Rubén Rocha Moya. Se trató de una robusta trama de intimidación para asegurar un triunfo pactado, a partir del despliegue de un amplio abanico de acciones como el robo de urnas y de la proliferación de amenazas a los operadores y promotores de las candidaturas opositoras.
En un marco tan elocuente de actos de intimidación a través de organizaciones criminales, se vivió la paradoja de disponer de sobradas evidencias sobre las intervenciones delincuenciales; pero, al mismo tiempo, de grandes dificultades para recabar los testimonios correspondientes debido al temor infundido por los autores del clima de violencia instaurado en esa entidad. Los delitos electoraleseran sobradamente conocidos, pero llevarlos al plano legal resultó singularmente difícil.
Actos como el secuestro en el 2021 de la actual diputada local priista, mediante un dispositivo impactante, Paola Gárate, que duró privada de la libertad por más de nueve horas hasta el día de la jornada electoral el 6 de junio de ese año, al tiempo que habían sido secuestradas otras personalidades del PRI, muestran que se vivió una concurrencia de intereses asociados entre delincuentes y el partido que resultó finalmente con el triunfo en los comicios.
Por su parte, el candidato de la alianza encabezada por el PRI para la gobernatura, Mario Zamora, experimentó y padeció un evidente operativo para obstaculizar su campaña al gobierno del estado e impedir su posible triunfo. Los hechos se replicaron con la evidente intención de desfundar a quienes fueron opositores a las candidaturas morenistas: secuestros de simpatizantes y operadores de la campaña, intimidación y amenazas; robo de urnas el día de la jornada electiva. Todo ello conformó un poderoso disuasivo en el cometido de aportar testimonios para impugnar las elecciones, pues los hechos mostraban que la violencia se había constituido en un arma política que, sin rubor alguno, podía ser usada por quienes desarrollaron la campaña de intimidación mediante secuestros (levantones). Aun así, el hoy diputado Zamora, pudo presentar ante la autoridad electoral local un recurso que fue desechado, casi en automático, pero que tiene el valor de representar un testimonial que es ya un referente; no obstante, su condición de haber sido descartado legalmente.
La diputada local Paola Gárate ha insistido en su crítica y en su denuncia, desde la tribuna del Congreso local de Sinaloa, y del clima de violencia que prevalece en la entidad; su voz ha sido valiente e incisiva en la mística de una tarea de representación política obligada a plantear los problemas sociales, las omisiones de las autoridades, la complacencia del gobierno ante las actividades delictivas, y de una presumible conflagración de la administración con organizaciones delictivas.
Como antes lo fue en las elecciones de 2021 en donde la ahora diputada fue secuestrada, en la actualidad sigue siendo hostilizada de muy diferentes maneras; hace apenas unos días le enviaron a su domicilio particular una corona de flores de las que son entregadas en los actos funerarios. La advertencia no es menor, tampoco forma parte de un símbolo extraviado, pues claramente se le advierte para que cese en su activismo y expresiones desde la tribuna.
Lleva tiempo, que la legisladora Gárate ha solicitado protección a través de cuerpos de seguridad, pero la respuesta que a cambio ha recibido es indolente, claramente esquiva e insuficiente. La autoridad actúa como si la diputada sinaloense planteara un tema irrisorio o si este fuera parte de una conflagración injerencista. Pero el hecho es que la intimidación a la legisladora existe, no es nuevo, se inserta dentro de una trama continuada de amenazas a su persona, y lo son también atentatorias a la vida democrática, de las libertades y de la justicia que deben prevalecer en la entidad. Ella está amenazada y junto con ella -aunque de distinta manera- lo estamos todos.
