Ningún otro gobierno estatal ha sido tan evidenciado como el de Cuauhtémoc Blanco, en diferentes sentidos, tanto mediática como legalmente. La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la validez de los acuerdos tomados por el Congreso local, se suma a la ya histórica larga lista de errores jurídicos que ha cometido la actual administración.
Todas las pifias jurídicas cometidas desde que tomó posesión el gobernador de Morelos en el 2018 tienen su respectiva importancia y efectos. Sin embargo, destacan las que han atentado contra la independencia de los órganos constitucionalmente autónomos y violentado la separación de los poderes públicos, a través de la injerencia del Ejecutivo, mayormente en forma velada, pero que no ha sido negada por quienes la padecieron. Al contrario, las declaraciones de diputados de la pasada y la presente Legislatura lo confirman.
Parecerá de risa, pero si Morelos fuera un Estado nacional, libre y soberano, ajeno al pacto federal, habría estado ya más de tres años en tribunales internacionales, siendo señalado continuamente por violaciones a su propio orden constitucional. Las figuras y el desempeño del Consejero Jurídico y del Secretario de Gobierno, Samuel Sotelo Salgado y Pablo Ojeda Cárdenas, respectivamente, habrían sido más que señaladas y cuestionadas. Podría decirse que ambos son muchas cosas, menos profesionales.
Pero no sólo ellos, sino también las y los diputados que se han visto involucrados. Ninguno de todos parece saber cuál es el origen del conflicto que ha impedido el desarrollo del trabajo legislativo, en orden, con apego a la ley y pensado de verdad para beneficio de los ciudadanos, a quienes gobiernan y representan. Sí es cierto que los intereses personales y de grupos han obstaculizado los acuerdos parlamentarios. Pero esa es la explicación más básica y simple. El tema es más complejo que eso y debe ser comprendido para encontrar una solución, no para la coyuntura, sino a largo plazo.
En otro momento ya me he referido a las contribuciones de Arend Lijphart sobre el estudio de los modelos de democracia. Valdría mucho la pena que, legisladores y funcionarios, despejaran un poco su ignorancia leyéndolo. El asunto es profundo y complejo, pero trataré de sintetizar. Siguiendo a Lijphart, identificamos dos modelos básicos de representación política para la toma de decisiones. Un modelo es el mayoritario y el otro el consensual. El sistema mexicano, en particular, el de Morelos, es mixto. Visto así, no hay otro camino que el consenso, dado que la construcción de mayorías, como las aplanadoras legislativas de antaño, no parecen posibles, debido a la atomización de las preferencias electorales.
Pero el modelo actual no está hecho, no está pensado para que eso se logre. Es un modelo que admite la representación plural y proporcional, o sea consensual, pero que al mismo tiempo exige tanto mayorías simples como calificadas para la toma de decisiones. Por lo tanto, no va a haber manera de terminar con la parálisis legislativa, la violación de las normas y el enfrentamiento irresoluble de intereses.
Lo que hace falta es una reforma al Estado, que incluya al sistema de representación, de partidos políticos, al Legislativo y al Judicial, que haga viable la idea de un gobierno eficiente. Lamentablemente, los que están en el poder se opondrían, pues el beneficio de los ciudadanos y de la democracia lastimaría los intereses que hoy están en pugna. En palabras coloquiales, deberíamos correrlos a todos y reconstruir la forma de gobernar, legislar e impartir justicia en Morelos.
Y para iniciados
Poco duró como prófuga de la justicia Patricia Izquierdo, exsecretaria de Obras del gobierno de Graco Ramírez, la siguieron hasta detenerla en la hermana república de San Gaspar. Entre tanto señalamiento mediático que se ha hecho, carpetas y denuncias es el primer proceso penal que parece muy firme para la Fiscalía Anticorrupción, en contra de funcionarios de alto nivel de la pasada administración. Y pensando un poquito mal, ¿será que Izquierdo podría buscar algo así como el criterio de oportunidad y señalar más arriba, para aligerar su proceso y su sanción?
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