TRÁFICO DEL PODER

Por Irradia Noticias

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Durante las conferencias de prensa mañaneras del presidente López Obrador correspondientes al miércoles 9 y jueves 10 de febrero fue evidente la forma en que el macuspano comenzó a cambiar su narrativa (desviar la atención) respecto al escándalo de las casas en Houston, Texas, y el tráfico de influencias de su hijo José Ramón López Beltrán (y la esposa de éste) entre una empresa petrolera estadounidense y Pemex. 

De nada le sirvió el caudal de argumentos de descargo (a lo largo de dos semanas) ante los fuertes señalamientos, ni tampoco los ataques contra periodistas y reconocidos analistas.

Por el contrario, el director de la empresa paraestatal mexicana terminó confirmando, el miércoles, que dicho consorcio norteamericano ha triplicado sus ingresos en lo que va de la actual administración y está dentro de las 15 empresas más contratadas por Pemex. Esto se denomina “Efecto Streisand”, fenómeno surgido cuando un intento de censura o encubrimiento de cierta información fracasa o es contraproducente, pues acaba siendo ampliamente divulgado y reconocido, de modo que recibe mayor visibilidad de la que hubiera tenido, si no se la hubiese pretendido acallar. En redes sociales esto se llama “viralizar”.

El enredo diplomático en que el miércoles se metió López Obrador con España y el discurso matizado del jueves, así como las nuevas referencias al sistema de salud pública de México, que a estas alturas del régimen debió haber superado al de Dinamarca, proyecto “sobre el cual ya se comenzó a trabajar y se está avanzando”, tuvieron como objetivo desviar la atención de los graves problemas latentes a lo largo y ancho del país. AMLO parece haberse quedado sin discurso, disminuyendo la relevancia y el impacto de las conferencias de prensa mañaneras. Una y otra vez los mexicanos escuchamos lo mismo, lo mismo y lo mismo.

Y con respecto a las diversas formas de encubrimiento a personajes deshonestos y corruptos, sean de la filiación partidista que fuere, pues la problemática persiste en cualquier región del país a pesar del discurso obradorista contra la deshonestidad y la corrupción, creo importante hacer dos preguntas: ¿Por qué son tan altos los sueldos de servidores públicos adscritos a los tres órdenes de gobierno? ¿Por qué los negocios con el gobierno son tan lucrativos y anhelados?

Me refiero a las percepciones en el gobierno federal, las administraciones estatales y la inmensa mayoría de ayuntamientos mexicanos, a lo cual debo sumar los miles y miles de contratos pactados por empresarios privados e instituciones del sector público, con jugosas ganancias para ambos lados. Es decir: el gobierno sustituyó al sector privado en la generación de riqueza, esto gracias a los contribuyentes mexicanos, cuyo dinero, la mayor parte del tiempo, sirve para generar nuevos ricos, cada tres y seis años.

El sector público es el eje rector de las aspiraciones de millones de mexicanos. Pero en la misma condición yo ubico a miles de empresarios que dependen del gobierno, si no al ciento por ciento, sí en la mayoría de sus actividades económicas para desarrollarse o subsistir. Ni duda cabe: el gobierno se aparejó con el sector privado en la generación de empleos. Empero, los gobiernos se dedican a propiciar trabajos improductivos y volátiles, mientras la iniciativa privada es (teóricamente) generadora de riqueza. La paradoja es que en el primer ámbito se pagan salarios equiparables con los del sector privado, envidiados hasta por prestigiados jefes de estado a nivel internacional.

A pesar de los vaivenes económicos ocasionados por la pandemia del Covid-19, se mantienen los lucrativos contratos entre ciertos grupos empresariales y el gobierno de la República, lo cual, obviamente, se repite en ciertos estados. En otros es creciente el desempleo y el subempleo, así como el débil desempeño del sector de la construcción, que repercute en el mercado laboral. Es decir: se retrae la nueva infraestructura; desciende la creación de empleos en el sector privado; y los gobiernos estatales y municipales son la panacea para mantener (mediante contratos) los ingresos de miles de medianos y pequeños empresarios. Un círculo nada virtuoso.

Lo paradójico de todo es que mientras el sector público proyecta estar inmerso en transformaciones radicales a espaldas de la sociedad y enfrentado con intereses políticos e ideologías subyacentes en todas las decisiones, por otro lado, mantiene o incrementa salarios casi idénticos a los de altos ejecutivos de grandes corporaciones, lo cual es inconcebible. El sector privado debería estar dedicado a generar empleos productivos, riqueza y a desarrollarse dentro de un contexto donde pudiera asignar fuertes incentivos a sus ejecutivos en un régimen global de feroz competencia, pero la pandemia lo ha lacerado. Es solo en el gobierno donde existen los recursos… derivados de los impuestos, así como los contratos mediante el tráfico de influencias. 

Infortunadamente para las autoridades hacendarias de la República, ya no hay (por ahora) hacia dónde jalar la cobija. Uno de los muchísimos problemas causados por esa difícil situación es el incremento de la criminalidad en ciertas regiones, que amenaza con generalizarse. Y como si se tratase de actos delictivos, también se multiplican, al amparo del poder, los hechos discrecionales a la manera de Houston, Texas.

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