– El objetivo es brindar una adecuada rendición de cuentas a los ciudadanos de ese municipio y, de encontrar anomalías, proceder a las denuncias correspondientes
Para brindar a la ciudadanía de ese municipio una rendición de cuentas por cuanto al ejercicio de los recursos públicos del Ayuntamiento del lugar, y de encontrar anomalías proceder a presentar las denuncias penales correspondientes, la diputada María Paola Cruz Torres solicitó que la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) realice una Auditoría Especial al Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento de Cuautla (SOAPSC), Morelos.
La auditoría planteada por la presidenta de la Comisión de Transparencia, Datos Personales y Anticorrupción, obedece a una petición de habitantes cuautlenses y la solicitó a través de un Punto de Acuerdo Parlamentario que fue aprobado por unanimidad de las y los diputados presentes; comprende del 1ro de enero de 2019 al 30 de octubre de 2021.
Por el Acuerdo se exhorta a la Entidad de Auditoría y Fiscalización (ESAF) para que lleve a cabo “de manera inmediata la ejecución de una Auditoría Especial a los ejercicios fiscales” correspondientes a las fechas arriba citadas y determinar el importe de los ingresos del SOAPSC, y si éstos se aplicaron con eficiencia y eficacia conforme a la normatividad.
También, informar de las personas morales con las que el SOAPSC tiene celebrados contratos de prestación de servicios; establecer la Nómina y los pagos que reciben trabajadores del sistema con el tabulador de sueldos debidamente aprobado por la Junta de Gobierno, y de ésta enviar todas sus actas y acuerdos aprobados.
El instrumento parlamentario pide determinar si se aplicaron los recursos conforme a lineamientos, reglas de operación o normatividad que regula al SOAPSC, si se concluyeron al 100% las obras o programas financiados con recursos de los ciudadanos; establecer si los recursos fueron desviados de sus fines y en su caso determine el daño causado a la Hacienda Pública y el patrimonio municipal.
Finalmente, indicar si los cobros de agua potable a la ciudadanía corresponden al servicio prestado y si durante los ejercicios auditados existe acuerdo de la Junta de Gobierno que autorice el incremento a la tarifa del servicio a los usuarios.
