Dicen que alguien se halla en el ojo del Huracán cuando está ubicado en una posición donde hay condiciones menos severas que en su entorno cercano. La analogía alude a la zona de condiciones meteorológicas más calmadas que suele formarse al centro de los ciclones tropicales. Sin embargo, una vez que ambos, el ciclón o el individuo se muevan podría quedar este último ya no en la relativa tranquilidad de las tenues lluvias, sino exponerse a las áreas de mayor intensidad de las tormentas.
Dos personajes clave en la vida pública del estado de Morelos libran una batalla política que ha sido llevada al terreno judicial. Por un lado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador, ha buscado por todos los medios remover al fiscal de la entidad, Uriel Carmona Gándara, sin lograrlo hasta el momento. Por otro lado, Blanco ha sido objeto de reiterados señalamientos por corrupción, lavado de dinero y actos ilegales, a los que se le asocia, desde que fue candidato a presidir la alcaldía capitalina, sin que hasta hoy se le haya vinculado a un proceso judicial.
Ayer se supo de dos actos jurídicos que vuelven a poner a la entidad entre las principales noticias nacionales. Una, la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción local, en contra de Blanco y miembros de su círculo más cercano de familiares y amigos. La denuncia interpuesta por el abogado Enrique Paredes Sotelo, aporta información suficiente para que la autoridad pudiera investigar la triangulación de fondos millonarios, a fin de ocultar su origen y destino. Da nombres y datos, no sólo de personas, sino también de empresas, montos y cuentas bancarias. Y todo ello cuando vuelven a cobrar fuerza las versiones sobre la posible salida anticipada del ex ídolo del fútbol de la silla gubernamental.
Otro, el desatino jurídico de los, tanto recién llegados como de los relegidos, legisladores de la autodenominada Cuarta Transformación. Acordaron, equivocadamente, votar por mayoría de Morena y sus aliados que la figura del fiscal local no está comprendida en el artículo 111 de la Constitución y que por tanto carece de la protección del fuero legal. Hay dos elementos objetivos para señalar la violación a la legalidad, de estos diputados.
El primero es que la figura sí está comprendida en ese artículo de la Constitución, no en el primer párrafo, sino más abajo. Cito textualmente el párrafo quinto, del texto que usted puede revisar en la página Web de la propia Cámara de Diputados: “Para proceder penalmente por delitos federales contra… y los miembros de los organismos locales a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en ese supuesto, la declaración de procedencia será para que se comunique a las Legislaturas Locales…” La Fiscalía es un órgano constitucionalmente autónomo y, por lo tanto, su titular cabe en este supuesto. Segundo, el fiscal, Carmona Gándara, cuenta con una suspensión definitiva, producto del juicio de amparo que interpuso, que ordena los diputados abstenerse de cualquier pronunciamiento al respecto. Una decisión política, avalada por diputados de Morena y sus aliados, que se apartan del cumplimiento de la ley.
Ambos temas tendrán que resolverse. Esperemos, en apego a la legalidad y la constitucionalidad, y no por instrucciones o línea de ningún lado y menos de la presidencia de la República. Mientras, están en el ojo del huracán.
Y para iniciados
Los planes políticos de los morenistas penden de un hilo. El movimiento presidencial de regresar a Olga Sánchez Cordero a su escaño en el senado de la República les movió muy fuerte el tapete. Las decisiones y acuerdos pactados rumbo a las elecciones locales del próximo año, que tenían por seguros, se les vinieron abajo. Particularmente, quienes pensaban saltar del senado a las campañas para renovar gubernaturas, enfrentan ahora la disyuntiva del melón y la sandía, o sea, si estar con Sánchez o con Monreal.
¡Que tenga un excelente día!
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