La secretaria de Hacienda del Estado, Mónica Boggio Tomasaz Merino, y el presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local, Agustín Alonso Gutiérrez, se reunieron este lunes, se tomaron la fotografía y la difundieron proyectando la idea de que esperan lograr acuerdos importantes, desde la entrega, hasta la aprobación de los proyectos de Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos del año próximo, evitando la tensión y los sobresaltos que dicha funcionaria estatal y sus colaboradores experimentaron el año pasado con los anteriores legisladores.
Habremos de esperar las deliberaciones sobre ambos proyectos durante los meses venideros, una vez que el Paquete Económico sea entregado a más tardar el 1 de octubre próximo. Las autoridades hacendarias darán los toques finales a los documentos, luego de que la Secretaría de Hacienda federal entregue esta semana el Presupuesto de Egresos de la Federación y su Ley de Ingresos a la Cámara de Diputados, y se conozca su contenido. Así debe ser, pues casi el 98 por ciento de los recursos a distribuir por la dependencia a cargo de Mónica Boggio Tomasaz Merino provienen de participaciones federales. Y la mayoría del dinero vendrá etiquetado prioritariamente para rubros como la educación, la salud y la seguridad pública.
Sin embargo, Hacienda estatal debe considerar la posibilidad de darle prioridad a los municipios. Es decir: formular un Paquete Económico con carácter municipalista. Ello, porque el escenario financiero precarista de Cuernavaca se repite a lo largo y ancho de Morelos.
Todavía no rinden protesta los nuevos presidentes municipales, lo cual sucederá en algunos casos el 31 de diciembre y en otros el 1 de enero de 2022. Pero todos se enfrentarán a la parálisis con respecto a la creación de nueva infraestructura, simple y sencillamente porque no disponen de los ingresos suficientes. Y los que existen, están comprometidos para pagar laudos laborales o saldar antiguos adeudos municipales, incluidos los créditos e intereses adquiridos por anteriores administraciones. Se le denomina “deuda histórica”. Tocante al grave caso de Cuernavaca, hoy enfrenta la peor crisis del agua de que se tenga memoria, derivada de añejos adeudos con la CFE. A ver cómo vienen los proyectos de leyes de ingresos municipales.
Asimismo, los 37 ayuntamientos se sostienen con una dependencia absoluta de los gobiernos federal y estatal, que a su vez también sufren por la escasez de recursos. Infortunadamente para Morelos, el gobierno de la República ha cancelado centenares de proyectos de desarrollo debido a los recortes presupuestales de la Cuarta Transformación, a sus vaivenes financieros y a los caprichos presidenciales. Todas las administraciones de los estados han percibido la drástica reducción en las participaciones federales.
Conforme nos perfilamos hacia la transición de los gobiernos municipales, se vislumbran los escenarios de precariedad. Los actuales alcaldes siguen aguantando condiciones de empobrecimiento, lo cual afecta el desarrollo económico regional, la seguridad pública, el otorgamiento de servicios, etcétera.
Y es que el desafío no es simplemente recoger la basura, poner gasolina al parque vehicular de las comunas, dotar de agua potable y alcantarillado a las colonias, sino de cómo construir un mejor Morelos hacia el futuro.
Para documentar lo anterior proporcionaré un dato: la deuda de los municipios creció 546 por ciento durante el trienio 2015-2018. Y se les heredó a los actuales ediles. Los pasivos recayeron sobre dos principales rubros: préstamos con instituciones financieras y laudos laborales. En este último aspecto (los laudos), dichos pasivos se sitúan en alrededor de mil 500 millones de pesos. Lamentablemente, será la herencia que recibirán los nuevos alcaldes.
La gran mayoría de municipios mexicanos tiene una raquítica participación en la realización de obras e infraestructura de beneficio comunitario; la razón fundamental radica en la carencia de recursos financieros, ya que son ingresos derivados en su mayor parte de las participaciones fiscales, que apenas permiten solventar sus estructuras administrativas (obesas en casos concretos), así como otros gastos de operación como puede ser el alumbrado público.
Si bien los ayuntamientos están identificados por la población como instancia efectiva de atención a sus demandas de obras públicas e infraestructura, en la práctica dicho papel corresponde a las dependencias federales y estatales. Desde hace años se ha postergado una profunda reforma constitucional en materia municipal. Y mientras no lleguen las grandes transformaciones, los municipios seguirán padeciendo penurias y riesgos.
