- El debate se centra en conocer los alcances del Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas.
Por mayoría de votos, 302 a favor, 134 en contra y 14 abstenciones, la Cámara de Diputados resolvió en calidad de Jurado de Procedencia, a favor del Dictamen emitido por la Sección Instructora que determinó ha lugar del desafuero del Ejecutivo de Tamaulipas.
La resolución será notificada al Congreso del Estado de Tamaulipas, en cumplimiento al párrafo quinto del Artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ahora el debate se centrará en conocer los alcances de los diputados locales en torno a la resolución federal.
La Cámara de Diputados se erigió en Jurado de Procedencia para conocer y resolver sobre el dictamen de la Sección Instructora relativo al procedimiento de declaración de procedencia, en el expediente SI/LXIV/DP/02/2021, solicitado por la Fiscalía General de la República, en contra del gobernador del estado de Tamaulipas.
El debate central en la Cámara de Diputados federal en torno al proceso de desafuero en contra del Gobernador de Tamaulipas se centró en torno a la persecución política y en la contraparte, a la defensa de los argumentos de la Sección Instructora.
Pablo Gómez, presidente de la Sección Instructora, dentro de su participación en tribuna dejó entrever una posición y decisión política desde que fue electa la nueva administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador .
Por parte de la defensa, con argumentos técnicos, el abogado Alonso Aguilar Sinzer, presentó los argumentos que a su enteder, dejan entrever falta de argumentos jurídicos para proceder en contra de su cliente, el Gobernador de Tamaulipas.
Hizo notar que este proceso se centraba en el supuesto delito de Defraudación Fiscal Equiparada por la venta de un departamento; en su oportunidad presentó la documentación que acreditó el pago de los impuestos correspondientes por parte de las personas físicas involucradas.
Fue enfático al señalar que el Dictamen contiene argumentaciones ajenas al caso y que se hacen señalamientos sin pruebas ni sustento.
La Fiscalía General de la República fue representada por la Lic. Elizabeth Alcantar Cruz, quien limitó su participación a los argumentos jurídicos de la investigación.
Los diputados en contra del Dictamen y la defensa se dedicaron a señalar el hecho de que la sección instructora definió en 24 horas cuando tenía por lo menos 60 días para su revisión. Igualmente se hizo notar la inclusión de última hora de un nuevo miembro en la sección instructora a modo.
La diputada presidenta, Dulce María Sauri, permitió el debate. Éste fue amplio y se escucharon las voces en pro y en contra; dentro de las argumetaciones se manifestaron críticas y defensas así como reconocimiento y denostaciones al gobierno de la “cuarta transformación”.
De manera simultánea se dejó sentir una intensa campaña de defensa al Gobernador por parte de legisladores locales, alcaldes, funcionarios y simpatizantes.
