El presidente Andrés Manuel López Obrador oficializó la nueva Ley de la Industria Eléctrica (LIE) tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación, este martes 9 de marzo.
La Secretaría de Energía (Sener), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Contról de Energía (Cenace) tendrán 180 días naturales para modificar acuerdos, resoluciones, lineamientos, políticas, criterios, manuales y regulaciones en materia eléctrica y alinearlos a la ley reformada.
La iniciativa del presidente, aprobada sin cambios por el Congreso, privilegia el despacho eléctrico de las plantas de Comisión Federal de Electricidad (CFE) y relega la participación de las centrales de empresas privadas.
En primer lugar, se despachará la energía de hidroeléctricas, seguidas por el resto de sus centrales, en tercer orden los productores independientes de energía y hasta el final las plantas renovables y ciclos combinados del sector privado.
Otra modificación relevante es que CFE Suministro Básico ya está obligada a comprar electricidad derivada de las subastas eléctricas.
Lo anterior daría pie a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) entre al quite como máximo órgano de justicia para definir el rumbo de los cambios en las reglas de operación del sector eléctrico, sin embargo, aún falta camino por recorrer.
Las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica fueron aprobadas en una votación cerrada (68 a favor contra 58 en contra) el pasado 2 de marzo entre dimes y diretes de legisladores de oposición, agrupados en el llamado “bloque de oposición”, quienes advirtieron que presentarían una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN.
Cabe mencionar que políticos, como Ricardo Anaya y Dulce María Sauri, y órganos empresariales, como la Coparmex, se han manifestado en contra de los cambios propuestos por el presidente López Obrador en materia energética pues advierten un sesgo peligroso en la llamada libre competencia.
La Coparmex, por ejemplo, considera que con la aprobación de la iniciativa preferente, habrá un alza en las tarifas eléctricas y, también, se vulnerarán los compromisos asumidos por México en el T-MEC y otros tratados internacionales suscritos, “así como la certeza jurídica de las inversiones que ya están en el país”.
