La salud de nuestra democracia ya no se mide únicamente en las grandes jornadas de votación, sino en la fortaleza y resistencia de sus instituciones.
Frente a los señalamientos y la sombra de sospechas que a nivel federal apuntan a esquemas de concentración y afinidad con el llamado “clan Taddei”, la titular del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), Mireya Gally Jordá, niega irregularidades en la adjudicación contratos y señala la importancia de contar con los recursos con la anticipación necesaria para poder definir precisamente, qué empresas puedan participar en la elaboración del material electoral.
Es de entenderse que cuando a un órgano electoral se le estrangula financieramente o se le entregan los recursos a cuentagotas y a contratiempo, se le obliga a correr contra el reloj, poniendo en riesgo la certeza logística y abriendo flancos a la suspicacia ciudadana. La democracia cuesta, sí, pero cuesta infinitamente menos que la incertidumbre institucional.
La oportuna ministración de recursos públicos no es una concesión graciosa del Ejecutivo ni un trámite burocrático secundario; es la columna vertebral que garantiza la transparencia y la calidad de un proceso democrático.
Aunque el proceso jurídico establece la obligación de que los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), en el caso de Morelos, el IMPEPAC, y los tribunales electorales, deben gestionar sus presupuestos, se hace necesario y obligatorio, porque son los espacios de organización y garantía de la democracia, se establezcan fechas precisas para la entrega de los recursos suficientes para los procesos democráticos.
Debe acabarse el ahorcamiento económico que la mayoría de las veces responde a caprichos o presiones generadas desde el poder político en turno.
