La revocación de mandato; democracia, disputa política o una crisis que va más allá de las urnas.
La discusión sobre la revocación de mandato en Morelos ha dejado de ser exclusivamente un asunto de reforma constitucional para convertirse en una confrontación política que pone a prueba la congruencia de los partidos, la autonomía de los municipios y la disposición del poder público para someterse al escrutinio ciudadano. Lo que originalmente fue planteado como un mecanismo de participación democrática para que los ciudadanos pudieran decidir sobre la continuidad de un gobernante, en este caso de la gobernadora Margarita González Saravia, hoy enfrenta obstáculos legislativos y una controversia sobre la validez de las decisiones de los ayuntamientos en Morelos.
El antecedente es significativo: de los 36 municipios, 24 aprobaron en un inicio la reforma, alcanzando las dos terceras partes requeridas por el artículo 147 de la Constitución estatal. Sin embargo, posteriormente diez ayuntamientos, Coatetelco, Hueyapan, Jantetelco, Ocuituco, Puente de Ixtla, Tepalcingo, Tetecala, Tlalnepantla, Tlaltizapán y Xoxocotla, buscaron modificar el sentido de sus votos. Esta circunstancia abrió una disputa jurídica que mantiene detenida la declaratoria de validez constitucional.
En el terreno partidista, las posiciones han dibujado dos bloques que no necesariamente responden a diferencias ideológicas, sino a intereses y lecturas distintas del momento político. PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PT coinciden en exigir que se respeten los 24 votos originalmente emitidos y que se permita avanzar hacia la consulta de 2027. Morena, acompañado del Partido Verde y Nueva Alianza, sostiene que primero debe determinarse si los ayuntamientos tienen facultades para modificar decisiones previamente notificadas al Congreso. Morena afirma no oponerse al principio de revocación, aunque su postura legislativa ha impedido hasta ahora avanzar con la declaratoria. El PAN, incluso, analiza acudir a la Suprema Corte mediante una controversia constitucional.
Particularmente delicadas son las denuncias sobre presuntas presiones del Gobierno estatal a los presidentes municipales para revertir sus decisiones. Dirigentes partidistas y funcionarios municipales han señalado supuestas amenazas de retirar obras públicas, promover auditorías o iniciar procedimientos legales, así como el supuesto ofrecimientos de proyectos a cambio de modificar los votos. El secretario de Gobierno, rechazó categóricamente esas acusaciones y aseguró que no existe intervención del Ejecutivo en las decisiones municipales. Por tanto, se trata de señalamientos que deben investigarse y acreditarse, no de hechos jurídicamente demostrados. Sin embargo, su sola aparición obliga a exigir transparencia y garantías efectivas de autonomía municipal. Si se comprobara alguna intervención indebida, estaríamos ante un problema institucional mucho más grave que una diferencia parlamentaria.
Pero hay una pregunta de fondo que no debe perderse entre acusaciones, negociaciones y cálculos partidistas: ¿la revocación de mandato resolverá la crisis que muchos ciudadanos consideran que atraviesa Morelos? La respuesta exige distinguir entre un instrumento democrático y una solución de gobierno. La revocación permite evaluar la confianza ciudadana y, eventualmente, determinar la continuidad o no de quien encabeza el Ejecutivo; pero esta, no resuelve por sí misma la inseguridad, las deficiencias en los servicios de salud, la falta de oportunidades económicas, la debilidad institucional ni los problemas de procuración de justicia.
Tampoco debe convertirse en un plebiscito de popularidad o en una prolongación de las disputas electorales. Su legitimidad dependerá de que existan reglas claras, imparcialidad institucional, información suficiente y condiciones para que la ciudadanía decida libremente. Aunque desde esta posibilidad de opinión mi querido Teodoro. La gente ya votó hace años y hoy queda juntos intentar salir de la evidente crisis que existe, los partidos deben pintar por trabajos legislativos que incentiven el crecimisnto y desarrollo económico y personal de los ciudadanos y no volcarse de pro to en una lucha cruelmente por tener la razón o someter a la democracia ante la demagogia barata de sus intereses políticos. No he visto propuestas de mesas de trabajo en temas que hoy nos permitan visorsr un mejor futuro.
Morelos necesita mucho más que una revocación de mandato: necesita resultados, instituciones confiables, rendición de cuentas y un gobierno capaz de responder a las demandas sociales. La consulta puede representar una herramienta legítima para exigir responsabilidad política, pero no sustituye la obligación cotidiana de gobernar. El verdadero debate no debería reducirse a quién gana o pierde con la revocación, sino a por qué un mecanismo concebido para fortalecer la democracia termina convertido en motivo de confrontación entre quienes deberían garantizarla.
La principal lección para Morelos es que la revocación de mandato no necesariamente produce un cambio de gobierno ni resuelve una crisis política o social. Por ejemplo en 2004 en Venezuela, la consulta permitió despresurizar temporalmente el conflicto, pero no eliminó la polarización ni las diferencias estructurales del país. Por el contrario, el resultado consolidó la posición política de Chávez en su momento y modificó el equilibrio de fuerzas entre gobierno y oposición. Esto demuestra que la revocación puede funcionar como un mecanismo de ratificación del gobernante, más que como una herramienta de destitución. Por ello, en Morelos debe entenderse como un instrumento de evaluación democrática, no como una solución automática a los problemas de inseguridad, gobernabilidad y deterioro institucional.
Si por sí sola la Revocación de Mandato, resolviera de facto los problemas económicos, políticos y sociales en que hoy se encuentra Morelos, no habría necesidad de la lucha partidista más que legislativa y democrática que se está viviendo desde el Congreso del Estado.
Este tema, fue más desde mi opinión una treta del expresidente, sabiéndose muy popular, para demostrar aún más el momento que vivía, que un verdadero mecanismo de evaluación ciudadana.
Habrá que esperar a ver qué pasa con las elecciones intermedias, por ejemplo con la renovación del congreso local, los distritos federales en Morelos e incluso las elecciones municipales, ahí sí será in verdadero termómetro social, el auw se podrá medir de manera específica en la siempre posibilidad de que el voto ciudadano defina el rumbo de el estado y califique de forma genuina y legítima, el actuar del gobierno.
Me despido dejando por ahí la pregunta al auditorio. ¿Y los Diputados apa ?
Pa cuando se les aplicará la revocación del mandato Constitucional.
Ese es mi comentario y nos escuchamos en la próxima.
GRACIAS.
