La tarde de este miércoles 4 de noviembre volvió a golpear el corazón político y social de Morelos. El asesinato a balazos del regidor de Cuernavaca e histórico luchador social, Gabriel Rivas Ríos, perpetrado en las inmediaciones de los Ejidos de Acapantzingo, es la ejecución anunciada de una voz incómoda, de un opositor tenaz que decidió plantar cara a los intereses de la especulación inmobiliaria y a la corrupción institucionalizada Con su muerte, Morelos suma otro doloroso eslabón a una larga cadena de crímenes de políticos y sociales que permanecen sepultados bajo la impunidad.
La trayectoria de Gabriel Rivas estuvo marcada por la defensa de las causas populares, el combate a los cobros excesivos de servicios y la fiscalización rigurosa de los recursos públicos. A su llegada al Cabildo de Cuernavaca y desde sus trincheras ciudadanas previas, Rivas Ríos señaló corrupción en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), al denunciar redes del crimen organizado que se habrían adueñado de un organismo vital para los capitalinos.
El regidor ya había hecho públicas amenazas de muerte en su contra, reflejo del peligro inminente que acecha a quienes se atreven a desmantelar los privilegios del poder. Sin embargo, uno de los episodios más escalofriantes de la presión sistemática en su contra quedó marcado por las advertencias veladas y directas desde las altas esferas del Ayuntamiento, donde de acuerdo con su denuncia, en un ejercicio cínico de intimidación, se le sugirió de manera ominosa “no meterse con la maña”, naturalizando la colusión y utilizando el miedo para acallar las demandas de rendición de cuentas.
El punto de ebullición que aceleró las tensiones ocurrió en torno al predio La Casahuatera, ubicado en la colonia Flores Magón. Allí, el sector inmobiliario representado por la empresa Portenta Hábitat, impulsor del proyecto habitacional de lujo Altoverde, chocó con la resistencia frontal de Rivas Ríos y colectivos ambientalistas.
El proyecto, que contempla la construcción de torres de hasta 15 niveles, de acuerdo con ambientalistas afectaría un terreno de casi cinco hectáreas que alberga cerca de 1,600 árboles nativos de selva baja caducifolia, lo que representaría, indican, un ecocidio y un golpe brutal a los pulmones urbanos de Cuernavaca. Apenas días antes de su asesinato, el 30 de octubre, Rivas encabezó una marcha histórica desde El Calvario hasta el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para exigir el freno definitivo a esta obra y la expropiación del predio.
El homicidio de Gabriel Rivas Ríos duele con especial crudeza porque se inserta en una geografía de terror y desolación institucional. La violencia homicida ha arrebatado arteramente la vida a diputadas, alcaldes en funciones, líderes partidistas y hasta a consejeros de organismos garantes de la transparencia.
Cada uno de estos crímenes comparte un denominador común: la promesa institucional de justicia rápida, la retórica gastada de las mesas de seguridad y la instalación de comisiones de coordinación que, en los hechos, derivan en carpetas de investigación empolvadas e impunidad. No hay detenidos materiales ni intelectuales que tranquilicen a la sociedad; la constante es el olvido oficial y el mensaje perverso de que en Morelos la vida de quien disiente no vale nada.
La exigencia colectiva resuena con una fuerza inapelable: justicia absoluta para Gabriel Rivas Ríos. No basta con las condolencias de boletín ni con las promesas protocolarias emitidas desde la comodidad del poder ejecutivo o municipal.
