La centralización a ultranza, la ruptura de los contrapesos, la eliminación de los controles internos, la concentración de facultades, el alineamiento discrecional de las estructuras administrativas al dominio burocrático de carácter caudillista cobra una alta factura. Pierden capacidad las instituciones ante la dictadura que imponen intereses inconfesables que terminan por desquiciarlas, alejándolas de su sentido público y de su mística republicana, para, finalmente, privatizarlas a manera de empresas orientadas a generar las máximas ganancias monetarias a través de quienes las dirigen.
La exhibición de los abusos, descuidos y actos de corrupción en el INE no son hechos espontáneos o inesperados, más bien corresponden a un modelo de gestión que, lamentablemente, son aplicables a dicho instituto, así como a otros organismos o instancias. Los ejemplos de los escándalos de Segalmex, de las obras del Tren Maya, de la Refinería de Dos Bocas, del Tren Interoceánico, de la operación de las aduanas, de la conducción del IMSS, de la gestión de PEMEX, entre otros, forman parte de esa misma tendencia despótica y patrimonialista.
Además de los daños materiales que dejan ese tipo de gestiones, se encuentran los efectos nocivos que producen en la vida cívica, pues degradan las convicciones y la cultura ética que están llamadas a ser exaltadas ante la sociedad. La vieja conseja que se expresaba a través de la sentencia “corruptio optimi pessima”, que se entiende como la corrupción de los mejores es la peor, coloca el tema en la dimensión en que debemos visualizarlo. ¿Qué esperar cuando quienes deben ejemplificar la alta responsabilidad, entrega y dedicación a la que llama el servicio público, son los primeros en dar la espalda al código y comportamiento que éste impone?
Por tal razón, ese tipo de sucesos deben ser esclarecidos a profundidad y sujetarse a procesos judiciales rigurosos y ejemplares, en el entendido de que el tratamiento al que sean sujetos se convertirá en una especie de pedagogía pública, de enseñanza abierta y de prédica ética. El asunto que nos ocupa es por demás delicado, debido a que violenta la integridad de una de las entidades más emblemáticas de nuestro régimen democrático y sobre la que, en buena medida, ha descansado la confianza y competitividad de las elecciones, como lo es el INE.
En efecto, nuestro órgano electoral ha sido producto de una larga construcción y de un detenido aprendizaje para garantizar la existencia de comicios justos, equitativos y cuyas resoluciones sean motivo de confianza y de certeza para que la lucha por el poder se resuelva por la vía del derecho y no de las asonadas o del empleo de la fuerza.
Hace poco se escuchaba en las calles la consigna del “INE no se toca”, pero ha sido trastocado de manera inmisericorde y descarada, por lo que es necesario aplicar las sanciones y penas que merecen quienes han cometido los delitos que se imputan; no cabe la impunidad o la aceptación cómplice cuando se incurre en violaciones o faltas a las disposiciones que norman la vida de las instituciones públicas.
Además de las sanciones correspondientes a los funcionarios que cometieron delitos en la gestión del INE, se debe impulsar una reorganización integral del instituto a fin de que recobre su capacidad y calidad organizativa, de manera de prevenir la comisión de ese tipo de actos y de recuperar su prestigio y excelencia de desempeño. Debe aceptarse que antes de la corrupción que ha sido exhibida, existieron determinaciones para trastocar su estructura interna, romper la colegiabilidad que la había caracterizado, al tiempo de permitir una burda centralización y concentración de atribuciones en la presidencia del Consejo General.
A propósito de la crisis que se presenta en el INE es posible entresacar lecciones e impulsar un magno proceso para erradicar o desterrar al ogro autoritario que se ha incrustado en el Estado. No podemos darnos el lujo de mirar este suceso con una visión meramente anecdótica y sujeta, eventualmente, a los desvíos, ambiciones o debilidades de parte de quien la presidió.
Estamos obligados a mirar el contexto en el que ha tenido lugar el deterioro que experimenta el INE, así como el de otras instituciones del gobierno. Esta es una magnífica oportunidad para desalojar de las habitaciones del Estado al huésped autoritario que se encuentra en ellas.
Rescatando así la ejemplaridad del INE y de ella impulsar el proceso de gestión de excelencia que deben tener las organizaciones, entes y entidades públicas.
