El Congreso del Estado de Morelos incorporó de manera oficial el delito de crimen de odio dentro del Código Penal local. La reforma publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, inicia su vigencia este 24 de septiembre de 2026 y busca garantizar mayor protección jurídica a las personas que integran la comunidad LGBTTTI+ frente a agresiones fatales motivadas por prejuicios o discriminación.
Se tipifica el homicidio por razones de orientación sexual, identidad o expresión de género; a quien cometa este delito enfrentará penas de 35 a 60 años de prisión. La pena aumentará de 40 a 70 años de cárcel si el agresor mantenía una relación de matrimonio, concubinato, parentesco, laboral, docente o cualquier vínculo que implicara subordinación o superioridad con la víctima.
La legislación establece que, en caso de no acreditarse plenamente el motivo de odio durante el proceso judicial, el ilícito se juzgará conforme a las reglas generales del homicidio.
Para configurar este delito, la fiscalía deberá demostrar que el homicidio estuvo precedido o acompañado por alguna de las siguientes circunstancias:
- Signos de violencia sexual de cualquier tipo.
- Antecedentes de violencia familiar relacionados con la identidad o preferencia de la víctima.
- Lesiones infamantes, degradantes, mutilaciones o indicios de tortura y especial violencia.
- Existencia previa de amenazas, acoso o agresiones físicas por parte del agresor.
- Exposición o abandono del cuerpo en un lugar público.
- Estado de indefensión real o incapacidad de defensa de la víctima.
- Incomunicación previa al fallecimiento.
- Manifestaciones explícitas de repudio, odio, rechazo o actitudes discriminatorias hacia la comunidad LGBTTTI+.
En los últimos 8 años en Morelos, con registros de organizaciones civiles, se tienen registrados entre 20 y 30 casos de muertes violentas e innumerables denuncias por discriminación. Si bien las cifras oficiales de la fiscalía estatal mantuvieron una tendencia a invisibilizar los móviles de odio debido a la falta de una tipificación adecuada, los colectivos defensores señalaron que el año 2022 concentró el mayor número de casos acumulados de este periodo.
Ante esta persistente problemática y la presión social ante el abandono institucional, el Congreso local aprobó y promulgó la reforma al Código Penal que tipifica formalmente los crímenes de odio en la entidad, estableciendo sanciones severas de entre 35 y hasta 70 años de prisión para combatir la impunidad en estos delitos.
