La actuación del gabinete del Gobierno de Morelos frente a la opacidad de algunos titulares de las secretarías merece una opinión particularmente severa, no porque la reserva de información en algunos casos y por la importancia de las funciones, sea necesariamente difícil de compartir por su propia complejidad , sino porque en una administración que presume como principios la transparencia, la rendición de cuentas y el gobierno abierto, la falta de información clara, oportuna y verificable termina contradiciendo el discurso oficial. El propio Gobierno estatal presenta actualmente un gabinete integrado por 16 secretarías y diversas dependencias,
El problema central no es solamente qué información proporcionan los secretarios, sino qué tan dispuestos están a explicar públicamente sus decisiones. Un titular de una secretaría administra recursos públicos, ejecuta políticas gubernamentales y toma decisiones que tienen consecuencias directas sobre la población. Por ello, pretender que la ciudadanía se conforme con comunicados, fotografías de actos oficiales o declaraciones generales resulta insuficiente. La transparencia no puede reducirse a publicar información en plataformas institucionales; debe traducirse en la posibilidad real de conocer qué se hizo, cuánto costó, quién tomó la decisión, cuáles fueron los resultados y, sobre todo, qué ocurrió cuando las metas no se cumplieron.
La legislación morelense establece obligaciones concretas de transparencia: los sujetos obligados en términos de transparencia, deben mantener información pública actualizada y hacer accesibles elementos como su estructura orgánica, atribuciones, metas, indicadores y directorios de servidores públicos, por eso, cuando un secretario evade preguntas, responde con generalidades o utiliza la comunicación institucional como sustituto de la rendición de cuentas, el problema deja de ser simplemente de imagen pública: se deteriora la relación entre gobierno y ciudadanía, además de dejar mucho que desear, respecto de quienes nos gobiernan en conjunto
Resulta particularmente cuestionable que exista una distancia entre el discurso institucional y la experiencia cotidiana de quienes buscan información. En mayo de 2026, el Gobierno anunció un nuevo modelo denominado “Transparencia para el Pueblo de Morelos”, con cobertura sobre 120 sujetos obligados, incluidas 16 secretarías y dependencias, y lo presentó como un mecanismo para fortalecer el acceso a la información. Sin embargo, la verdadera prueba de cualquier sistema de transparencia no está en la creación de nuevas estructuras burocráticas, sino en la capacidad de los funcionarios para dar la cara, explicar sus decisiones y asumir públicamente las consecuencias de sus resultados, versus, la llevada y traída persecución ciudadana. Quin no entienda mi querido Teodoro, que las decisiones de gobierno, sus resultados y acciones, al final estarán determinadas por lo que la gente percibe, en su cotidiano existir y vivir, está destinado al fracaso rotundo en la vida pública.
También existe una contradicción que merece atención: mientras la administración presume avances en materia de auditorías, declaraciones patrimoniales y la transparencia política y administrativa de cada dependencia no debería depender exclusivamente de que existan auditorías. Un gobierno verdaderamente abierto no espera a que un ciudadano, periodista, diputado u órgano fiscalizador formule una pregunta incómoda para explicar el destino de los recursos o justificar una decisión.
Y en mi personal punto de vista, los resultados de gobierno van mucho más allá. Insisto de auditorías o fiscalizaciones a modo, el éxito de un gobierno se funda principalmente en las posibilidades de desarrollo de la gente en la paz social, y la tranquilidad con la que los ciudadanos vivan en una determinada demarcación o territorialidad.
La responsabilidad, además, no puede descargarse exclusivamente en las áreas de comunicación social. Cada secretario es responsable políticamente de la dependencia que encabeza. Si existe una crisis de seguridad, debe explicar qué se está haciendo; si hay problemas de infraestructura, debe informar avances y costos; si existen rezagos educativos o de salud, debe presentar resultados y reconocer pendientes. El silencio institucional puede ser jurídicamente cómodo en determinados momentos, pero políticamente resulta costoso porque alimenta la percepción de que existe algo que ocultar, aunque esa conclusión no pueda afirmarse sin evidencia.
El gabinete de Margarita González también debería entender que transparencia no significa solamente ausencia de corrupción comprobada. Es mucho más amplio el tema , significa que el ciudadano pueda seguir el recorrido de una decisión pública desde su origen hasta sus resultados. Significa explicar contratos, programas, metas, presupuesto, avances, obstáculos y responsables de operar y llevar a cabo lo planeado. Significa reconocer errores antes de que sean descubiertos por terceros. Y significa aceptar preguntas difíciles sin convertirlas automáticamente en ataques políticos.
Por ello, la actuación de los titulares que mantienen una comunicación limitada o selectiva merece ser cuestionada con firmeza. Un secretario de Estado administra información que pertenece al ámbito público, dentro de los límites establecidos por la ley. La propia normativa contempla obligaciones de publicidad sobre estructura, funciones, metas, indicadores de la gestión.
El mayor riesgo para el gabinete, es que la opacidad termine convirtiéndose en una forma de gobierno. Cuando los funcionarios solamente aparecen para anunciar buenas noticias y desaparecen frente a los problemas, se genera una administración de escaparate.
Mucha comunicación sobre acciones positivas y poca explicación sobre resultados negativos o poca participación social.
La gobernadora y los propios secretarios tienen, por tanto, una responsabilidad adicional: predicar con el ejemplo. Si el Gobierno de Morelos sostiene que está construyendo una nueva etapa de transparencia, se les debe exigir, un estándar mucho más alto que el mínimo legal. El ciudadano no debería tener que perseguir a un funcionario para obtener información elemental sobre el ejercicio de recursos públicos. O de resultados tangibles y medibles a los ojos d e cualquier ciudadano.
En síntesis, la crítica más fuerte que puede hacerse al gabinete en Morelos es que, la transparencia se pretende demuestrar con discursos, boletines y nuevos organismos, cuando insisto, debiera demostrar con funcionarios que estén a la altura de su Gobernadora y eso pasará, cuando los funcionarios están dispuestos a rendir cuentas incluso cuando las preguntas sean incómodas. Si algunos titulares consideran que informar es únicamente comunicar logros y no explicar problemas, entonces están confundiendo propaganda institucional con rendición de cuentas. Morelos necesita funcionarios que no solamente administren secretarías, sino que sean capaces de responder públicamente por ellas. Porque cuando un gobierno deja espacios de silencio donde debería existir información, esos espacios inevitablemente terminan siendo ocupados por la especulación, la desconfianza y la percepción de opacidad y nulos resultados.
Por lo que hoy podemos considerar que hay mucha Gobernadora y poco pero muy poco Gabinete.
Margsrita González Sarabia a demostrado ser una mujer de principios sólidos, ha intentado por todos los medios, responder al pueblo su legítima confianza, va y viene, declara y hace lo imposible por contener esas críticas que en muchos casos, no corresponden solo a su actuar. Por ello digo que am estado de Morelos, le quedó chico el Gabinete, y este no corresponde al tamaño de Gobernadora que tenemos.
Ese es mi comentario mi querido Teodoro y nos escuchamos en la próxima.
