Más de 15 años después del secuestro y asesinato de siete personas en Morelos, un juez federal con sede en Tamaulipas impuso sentencias de entre 280 y 289 años de prisión a cuatro integrantes del Cártel del Pacífico Sur, brazo armado del Cártel de los Beltrán Leyva. Entre las víctimas se encontraba Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo del poeta y activista Javier Sicilia.
Los condenados son Alberto Millán Ramos, sentenciado a 289 años de prisión y una multa de más de 2.4 millones de pesos por privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro en agravio de siete víctimas, delincuencia organizada y posesión de vehículo robado; Hugo Enrique Reducido Guzmán o Rudecindo, también a 289 años y multa superior a 4.2 millones de pesos por los mismos delitos; Daniel Pérez Patricio alias “El Dany”, a 284 años y multa de más de 2.3 millones de pesos por secuestro y delincuencia organizada; y Alejandro Manuel Nava Martínez, a 280 años y multa de 25.2 millones de pesos por el secuestro de las siete víctimas.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), ninguno de estos cuatro fue declarado culpable en este expediente específico por los homicidios, aunque las investigaciones establecen su participación en el secuestro. Este fallo se suma a condenas previas contra otros implicados, como José Luis Luquín Delgado “El Jabón”, Jesús Cárdenas Pérez “El Manos” o “El Chuy” y otros, en un proceso que ha involucrado a una célula de alrededor de 27 personas.
Los hechos de marzo de 2011
El 27 o 28 de marzo de 2011, un grupo armado, que se identificó como policías, interceptó a siete personas afuera de un bar en Jiutepec, Morelos. Las víctimas fueron trasladadas a una casa de seguridad en el fraccionamiento Villas del Descanso, donde fueron asesinadas (maniatadas y asfixiadas, según reportes). Sus cuerpos fueron abandonados al día siguiente en el interior de un vehículo Honda en el fraccionamiento Las Brisas, en Temixco.
Las víctimas fueron:
- Juan Francisco Sicilia Ortega, de 24 años, estudiante de administración en una universidad privada de Cuernavaca.
- Jaime Gabriel Alejo Cadena, de 25 años, comerciante de juguetes de colección.
- Álvaro Jaimes Avelar, de alrededor de 40-44 años, exmilitar y empleado de seguridad privada; tío de dos de las víctimas.
- María del Socorro Estrada Hernández, de 44 años, empleada de un hotel.
- Jesús Chávez Vázquez, de 24 años, empleado de una constructora.
- Luis Antonio Romero Jaimes, de 24 años, empresario y estudiante de diseño gráfico.
- Julio César Romero Jaimes, de 20 años, estudiante.
Las investigaciones apuntaron a una disputa previa de algunos de los jóvenes con integrantes del grupo criminal, aunque Juan Francisco Sicilia no tenía vínculos conocidos con el crimen organizado. El Cártel del Pacífico Sur operaba entonces en la zona bajo la influencia de Héctor Beltrán Leyva “El H”.
El caso se inició bajo el sistema penal inquisitivo o mixto vigente en 2011, caracterizado por procesos escritos, lentos y con alta tasa de impunidad. Aunque Morelos fue pionero en la transición al sistema acusatorio adversarial (implementado de forma gradual en el estado a partir de reformas previas a la nacional de 2008-2016), el expediente federal se prolongó más de 15 años. Las detenciones de varios implicados ocurrieron en 2011 y años posteriores, pero las sentencias condenatorias se han dictado de manera escalonada entre 2024 y 2026, lo que refleja las dilaciones típicas del sistema anterior: volúmenes documentales extensos, múltiples imputados, recursos y la complejidad de casos de delincuencia organizada.
Javier Sicilia ha calificado estas condenas tardías como “un gramo de justicia en medio de las injusticias”, destacando que aún faltan sentencias y que algunos responsables permanecen prófugos, en un contexto de alta impunidad nacional.
El asesinato de Juan Francisco y sus acompañantes, en pleno auge de la violencia de la “guerra contra el narcotráfico” impulsada por el gobierno de Felipe Calderón, que dejó decenas de miles de muertos, motivó a Javier Sicilia a abandonar temporalmente la poesía. El 2 de abril de 2011 anunció su retiro de esa actividad y publicó una “Carta abierta a los políticos y a los criminales”, en la que denunciaba la barbarie y convocaba a la sociedad a decir “¡Estamos hasta la madre!”.
El 26 de abril de 2011 convocó a una marcha nacional. El 5 de mayo partió desde la fuente de la Paloma de la Paz en Cuernavaca, con el agua teñida de rojo como símbolo, la Caravana por la Paz, que llegó al Zócalo de la Ciudad de México el 8 de mayo. Allí, Sicilia y familiares de víctimas presentaron demandas concretas: esclarecer asesinatos y desapariciones, poner fin a la estrategia de guerra y adoptar un enfoque de seguridad ciudadana, combatir la corrupción e impunidad, atacar las raíces económicas del crimen y atender a la juventud.
Así nació el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), que se convirtió en un referente nacional e internacional. Realizó caravanas por México y Estados Unidos, dialogó con Calderón en el Castillo de Chapultepec (junio de 2011) y contribuyó a la aprobación de la Ley General de Víctimas (2013). Entre los actores nacionales que se sumaron o acompañaron el movimiento destacan Emilio Álvarez Icaza (entonces ombudsman del Distrito Federal), el obispo Raúl Vera, el activista no violento Pietro Ameglio, Julián LeBarón (de la comunidad LeBarón, afectada por la violencia en Chihuahua), familiares de víctimas de diversas entidades y colectivos de derechos humanos. Artistas, intelectuales y ciudadanos comunes se unieron a las protestas bajo lemas como “No más sangre” y “Estamos hasta la madre”.
El MPJD visibilizó a las víctimas civiles de la violencia, cuestionó la militarización y la política de seguridad, y sentó precedentes en la atención a víctimas, aunque el movimiento ha reducido su capacidad de movilización con el paso de los años. Las recientes condenas, más de una década y media después, cierran parcialmente un capítulo de dolor, pero recuerdan la persistente lentitud de la justicia mexicana.
