Autoridades del Gobierno del Estado de Morelos confirmaron un saldo de 14 personas privadas de la libertad (PPL) lesionadas tras registrarse un enfrentamiento al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Jojutla la tarde de este lunes 17 de septiembre. La riña, generada por la disputa de liderazgo entre grupos antagónicos dentro del penal, movilizó a cuerpos de seguridad, organismos de derechos humanos y decenas de familiares que protestaron a las afueras de las instalaciones.
Josué Molina Díaz, coordinador del Sistema Penitenciario de Morelos, descartó el fallecimiento de internos o lesiones en el personal penitenciario, frente a las versiones que circularon en redes sociales sobre presuntas víctimas mortales.
“Es una riña, un conflicto entre ellos, entre los mismos grupos antagónicos que hay por mantener o querer tomar el liderazgo… Pero bueno, ya ahorita está controlado, está tranquilo y vamos aplicando los protocolos correspondientes”, explicó Molina Díaz.
De acuerdo con el reporte oficial, el protocolo de atención médica se desplegó de la siguiente manera: 6 internos con heridas de mayor gravedad fueron trasladados de urgencia para recibir atención especializada, 8 internos recibieron curaciones e intervención primaria directamente en el área médica del centro penitenciario.
Un visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) ingresó al penal para corroborar las condiciones de los lesionados y verificar la atención en el Hospital General Dr. Ernesto Meana San Román.
El incidente puso nuevamente en evidencia las deficiencias estructurales del penal. El propio coordinador del Sistema Penitenciario admitió que la cárcel enfrenta un severo problema de sobrepoblación, con una matrícula aproximada de 703 internos, cuando la capacidad instalada registra un excede de cerca de 600 personas en situación de hacinamiento.
La falta de información oportuna tras el enfrentamiento detonó la molestia de decenas de familiares que se concentraron en los accesos del penal. Exigían ver listas oficiales y constatar la integridad física de sus allegados.
Ante la incertidumbre y tras un intento fallido de diálogo, donde los manifestantes denunciaron que solo se permitió el acceso a cinco personas sin llevarlas con los internos, las familias bloquearon la carretera Jojutla-Tlaquiltenango. La protesta se prolongó hasta horas de la noche, resguardada por elementos de la policía antimotines.
Durante la manifestación, los familiares expresaron múltiples inconformidades. Denunciaron presuntos cobros ilegales para permitir el ingreso de alimentos, visitas y uso de espacios («piso»), con montos que van de los 50 a los 200 pesos, cuestionaron la deficiente alimentación que reciben las personas privadas de la libertad, exigieron la intervención directa de la gobernadora Margarita González Saravia y de la presidenta Claudia Sheinbaum para realizar una auditoría al penal.
Exigieron formalmente la destitución del director del Centro de Reinserción Social, a quien responsabilizan por los supuestos malos manejos y la ingobernabilidad al interior del recinto.
Apenas el pasado 10 de agosto de 2026, ocho personas privadas de la libertad consideradas de alta peligrosidad fueron trasladadas el desde cárceles de Morelos hacia el CEFERESO No. 18 en Ramos Arizpe, Coahuila. Las autoridades señalaron que los reos operaban redes de extorsión y delitos de alto impacto desde el interior de los penales.
Siete internos estaban en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de Atlacholoaya y uno en la cárcel varonil de Jojutla.
