Si el asesinato del periodista Alejandro Leyva mostró la vulnerabilidad y el riesgo que enfrentan a diario los trabajadores de la información, lo que ocurrió antes, y lo que ha sucedido después del crimen, constituyen una radiografía clara de la negligencia, irresponsabilidad y en muchos casos complicidad de las autoridades de todos los niveles de gobierno.
Ese fenómeno es el que explica la impunidad de los criminales y la persistencia de los ataques, algunos letales, todos encaminados a acallar las voces que resultan incómodas a quienes ejercen el poder político, por un lado, a los grupos delincuenciales, por otro, y a fin de cuentas, a la evidente simbiosis que se ha establecido entre ellos.
La semana pasada, la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca documentó como el colega asesinado había denunciado amenazas en su contra desde hacía más de un año, pero hasta en cinco ocasiones la Fiscalía estatal ignoró las solicitudes de protección para el periodista, al igual que el mecanismo federal, ante quien se presentaron tres peticiones sin respuesta; la única respuesta federal fue de la Fiscalía General de la República, que declinó intervenir en el caso. En ese tránsito por los laberintos burocráticos, los expedientes incluso se extraviaron, por lo que la recomendación al colega fue hacer borrón y cuenta nueva: le sugirieron volver a presentar la denuncia.
A su vez, diversos medios y especialistas han advertido que la propia Defensoría de derechos humanos fue también omisa, pues se limitó a realizar peticiones de información y colaboración a las fiscalías, pero no emitió medidas cautelares urgentes o alguna alerta temprana, instrumentos para los cuales está facultada por la ley.
En síntesis, nadie actuó con la prontitud y eficacia necesaria.
Ejecutado el periodista, la historia de terror no ha terminado. Los familiares del colega han denunciado que en un acto de protesta por el crimen, realizado durante las fiestas de la Guelaguetza, fueron objeto de intimidación y acoso por decenas de sujetos, algunos presuntamente armados. Según esta denuncia, los manifestantes fueron obligados a replegarse con el uso de un vehículo oficial.
Eso no fue todo, aunque el gobernador Salomón Jara posteriormente ofreció disculpas por la obstrucción a la protesta, explicó que él cambió su recorrido en el Desfile de Delegaciones de la mencionada fiesta, según sus palabras textuales “para no caer en la provocación”. A propósito de ello, el hijo del comunicador ultimado recordó que el mandatario estatal en repetidas ocasiones denostó a su padre, como respuesta a su posición crítica.
Así las cosas en Oaxaca, pero por desgracia no sólo en esa entidad. No hay en ninguno de esos elementos sorpresa alguna. Es la realidad a la que se enfrenta el ejercicio del periodismo en todo el país, y un reflejo del dominio criminal que se ejerce en la mayor parte del territorio nacional, y que padece la sociedad entera
