Un fuerte cruce de declaraciones se registró entre el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y el político Ulises Bravo Molina, luego de que este último acusara una presunta «persecución política» e intromisión en el Poder Judicial tras la filtración de una resolución en su contra de carácter penal.
El jefe de la Oficina de la Gubernatura de Morelos, Javier García Chávez, rechazó de manera categórica los señalamientos de Ulises Bravo Molina, asegurando que sus afirmaciones carecen de sustento y de elementos probatorios.
El funcionario estatal subrayó que la administración de la gobernadora Margarita González Saravia actúa bajo principios éticos que prohíben la politización de la justicia.
Ante representantes de medios de comunicación declaró que el gobierno que preside la gobernadora Margarita González Saravia, por ética, por principios, por vocación, por formación histórica, no hay persecución política en su gobierno, ni la politización de la justicia».
García Chávez desestimó que existan fricciones derivadas del pasado proceso electoral que justifiquen la narrativa de Bravo Molina, sugiriendo que las acusaciones buscan desviar la atención de los asuntos legales que el político enfrenta con particulares.
«Creo que en el fondo lo que está creando es una cortina de humo […] para darle un giro político a lo que legalmente se debe de establecer en la norma», apuntó.
Asimismo, enfatizó el respeto irrestricto a la autonomía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y aclaró que el proceso en cuestión no fue iniciado por el Gobierno del Estado. «Aquí no se va a proteger absolutamente a nadie en este gobierno, sea el ciudadano que sea o sea el funcionario que sea. Quien la hace la paga en Morelos», concluyó, alineándose a la política de legalidad federal.
Desde el TSJ, Ulises Bravo acusa opacidad y pide a la gobernadora que lo «deje en paz»
Por su parte, Ulises Bravo Molina se presentó en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia en Cuernavaca para denunciar presuntas irregularidades ante la falta de notificación de la sentencia penal dictada en su contra, la cual acusó que fue filtrada a los medios de comunicación 24 horas antes de que él pudiera conocerla.
Acompañado por su equipo legal, Bravo Molina denunció que el personal actuante acudió a su despacho a notificar el fallo, pero se negó a entregarles las copias correspondientes argumentando que el documento constaba de más de 500 fojas y que presuntamente el tribunal no contaba con los insumos para imprimirlas.
«Es una resolución, es algo normal. ¿Por qué la viralizaron antes? ¿Por qué se filtró información? ¿Por qué primero la notifican en redes sociales? Esa filtración salió de estas oficinas», cuestionó ante el personal de la sala tras señalar que la presunta víctima y la prensa ya disponían del documento.
Aprovechando la supuesta presencia de la mandataria estatal en la sede del Poder Judicial —la cual afirmó se encontraba fuertemente custodiada—, Bravo Molina lanzó un llamado directo al Ejecutivo del Estado:
«Aprovecho nuevamente, ojalá tuviera la oportunidad de verla personalmente para refrendarle la petición de que no tenga injerencia en asuntos del orden judicial, que respete esa división de poderes, por supuesto que ya pare esa persecución política en mi contra. Por favor, gobernadora, si te llega este video, ya déjame en paz», sentenció.
El litigio continúa en los pasillos del tribunal, mientras la defensa de Bravo Molina espera tener acceso oficial a los tomos de la resolución para emprender los medios de impugnación legales correspondientes.
