La comisionada ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos (CEARV), Penélope Picazo Hernández, presentó formalmente su renuncia irrevocable al cargo ante el Congreso Local y el Poder Ejecutivo.
A través de una carta enviada al Poder Legislativo y dirigida también a la gobernadora constitucional, Margarita González Saravia, la funcionaria detalló que su separación del cargo se hará efectiva a partir del próximo uno de julio de 2026, concluyendo una gestión de poco más de cuatro años.
En la misiva, Picazo Hernández aseguró retirarse «con la satisfacción del deber cumplido» y argumentó que su decisión responde a la preparación de una «nueva etapa» en su trayectoria profesional y personal para seguir defendiendo los derechos humanos desde otras trincheras. Asimismo, agradeció la confianza del Congreso y la colaboración de colectivos de víctimas y organizaciones civiles.
Sin embargo, en los círculos políticos del estado, la salida de la titular de la CEARV se lee como el punto más álgido de una profunda crisis institucional y una encarnizada disputa política que involucra directamente a su familia y a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).
Las diferencias políticas que enmarcan esta renuncia no son menores y han escalado a nivel judicial en los últimos meses mediante acusaciones cruzadas entre la hoy excomisionada, el fiscal Anticorrupción, Leonel Díaz Rogel y el abogado Leonel Díaz, hijo de este último.
Con la renuncia fechada para el uno de julio, corresponderá al Congreso del Estado de Morelos iniciar el proceso para emitir una nueva convocatoria y designar a quien sustituirá a Picazo Hernández.
El relevo ocurre en un momento crítico para la entidad, donde los colectivos de familiares de personas desaparecidas y víctimas de la violencia exigen que la institución no se convierta en un botín político y mantenga la neutralidad, empatía y sensibilidad que el cargo requiere.
