Este lunes hay que preguntarnos: ¿Si el INE tiene que investigar, entonces la Fiscalía fracasó?
Claudia Sheinbaum propone un mecanismo para detectar candidaturas vinculadas con el crimen organizado. La pregunta es inevitable: ¿por qué el INE tendría que hacer el trabajo que durante años no han hecho las fiscalías?
Si el Estado sabe quiénes están relacionados con grupos criminales, no tendría que estar evaluando si pueden aparecer en una boleta electoral. Tendría que estar investigándolos, judicializándolos y llevándolos ante un juez.
Para eso existen fiscalías, ministerios públicos, unidades de inteligencia y cuerpos de seguridad. Para eso reciben miles de millones de pesos de presupuesto.
La propuesta parece partir de una confesión involuntaria: el Estado no ha sido capaz de perseguir eficazmente al crimen organizado y ahora pretende trasladar parte de esa responsabilidad al árbitro electoral.
En Morelos conocemos perfectamente el problema. Durante el mes de mayo vimos detenciones y procesos contra presidentes municipales por presuntos vínculos con el crimen organizado. La pregunta no es cómo evitar que vuelvan a ser candidatos. La pregunta es por qué llegaron al poder en primer lugar sin que las autoridades actuaran antes.
Pero hay algo todavía más preocupante.
Morena pretende presentarse como el partido que viene a limpiar la política de la infiltración criminal, cuando buena parte del debate nacional sobre crimen organizado ha girado precisamente alrededor de señalamientos, investigaciones y sospechas que han alcanzado a personajes de Morena. Antes de construir nuevos filtros electorales, quizá deberían explicar por qué las instituciones bajo su responsabilidad no han logrado combatir eficazmente el problema que ahora dicen querer resolver.
Y aquí aparece el verdadero riesgo. Un mecanismo basado en información de fiscalías, expedientes abiertos o reportes de inteligencia puede terminar convirtiéndose en una poderosa herramienta política. No para encarcelar delincuentes, sino para desacreditar adversarios. No para obtener sentencias, sino para sembrar sospechas. No para combatir al crimen organizado, sino para influir en la competencia electoral.
Combatir al crimen organizado es una obligación del Estado. Utilizarlo como argumento político para ampliar mecanismos de control electoral es otra cosa muy distinta que pone en riesgo la democracia mexicana.
