Las actitudes despectivas y de denuesto del ex presidente López Obrador hacia las empresas extranjeras en nuestro país, particularmente a las de producción energética, dejó mucho que desear y sí mucho de qué preocuparse ante una posible nacionalización industrial.
A principios de su administración en una gira que hiciera a Baja California, detuvo al convoy en la Rumorosa para criticar al Parque Eólico ahí ubicado, proyecto inaugurado por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, y a los más de diez operados por la empresa SEMPRA Energy que producía energía para Estados Unidos. Dijo que eran adefesios a la naturaleza. Eso bastó para que el entonces gobernador Jaime Bonilla Valdez declarara Patrimonio Cultural de Baja California a la sierra de La Rumorosa considerando necesario reubicar los aerogeneradores que se encontraban en ese poblado de la montaña.
SEMPRA Energy liquidó a la empresa al carecer de otro lugar ideal para esa industria y por la negación a nuevas concesiones de parte del Centro Nacional de Control de Energía el CENACE del gobierno federal.
Al inicio de la pasada administración eran 62 participantes del Mercado Eléctrico Mayorista que estaban operando en nuestro país, nueve de la Comisión Federal de Electricidad y 53 correspondían al sector privado.
El Centro Nacional de Control de Energía publica a través del Sistema de Información del Mercado una lista actualizada de los participantes del Mercado Eléctrico Mayorista. Esta lista incluye a los inversionistas con contrato vigente y a los que tienen un proceso de terminación de contrato. Ese listado ha disminuido considerablemente con la migración y desaparición de empresas no validadas por el gobierno de la 4T.
La energética española Iberdrola anunció en febrero de este año, la venta de 13 plantas eléctricas de sus empresas Iberdrola Generación, S. A. de C. V, e Iberdrola Clientes, S. A. de C. V. al Gobierno mexicano por un monto de 6.200 millones de dólares (unos 120 mil millones de pesos). El trato llevaba meses en trámite y se dio tras la autorización que emitiera el organismo antimonopolio de México, la Comisión Federal de Competencia Económica COFECE, que había impuesto varias condiciones al Ejecutivo para poder cerrar la transacción.
El pasado 18 de octubre tuvo verificativo en la CdMx el Congreso Conjunto de Asociaciones de Energía, en el, Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia de la República hizo un llamado a las empresas del sector para que tengan la suficiente confianza en las políticas que busca implementar la presidenta Claudia Sheinbaum, las cuales tienen como objetivo un mayor desarrollo para el país.
En México hay oportunidades para hacer nuevos negocios, el Gobierno de la Doctora Claudia Sheinbaum está garantizando la certeza jurídica y el respeto a los proyectos ya existentes y los futuros, dijo la honorífica coordinadora.
El Plan de Energía que será presentado por la Secretaría del ramo, está enfocado en diversos ejes, el primero de ellos tiene que ver con la seguridad y soberanía energética, es decir, una mayor certeza en el abasto, así como el fortalecimiento de Pemex y la CFE, lo que garantizará que no compitan con la iniciativa privada, sino que se complementen.
En el tema de inversión en México, el balón no está en la cancha del inversionista, está del lado de la 4T. Se espera que todas las expectativas de seguridad a la inversión privada en México, sean totalmente respetadas y con las de Estados Unidos y Canadá se sujeten al marco regulatorio del T-MEC.
Sin perder de vista la complejidad de la realidad, los mexicanos nos enfrentamos al reto del poder omnímodo que tiene la presidenta Sheinbaum la que, a sabiendas del rechazo de una parte del pueblo a la reforma del Poder Judicial, no dejó de continuar con ella a pesar de que se ha demostrado el riesgo de elegibilidad negativa, y las consecuencias atroces que se avecinan, ya que niega la primacía de ese Poder como garante de un marco constitucional dejando a todo ciudadano al ejercicio totalitario del poder Ejecutivo.
Eso más otros factores a considerar por los inversionistas, como es la inseguridad que se acrecienta inversamente a lo pronosticado, cayendo en el grado de la posible existencia de terrorismo doméstico en México, los mantiene en el limbo de la negación
Inseguridad manifiesta de un país que pudiera ser elegido para invertir en él. Un gobierno que ha sido, hasta hace un mes, mentiroso respecto a los derechos humanos, que brindó, de palabra, seguridad de inversión, negando su admisión con hechos velados.
Por el bien de México los empresarios deben hacer caso a las opiniones del buen ejercicio de la presidenta Sheinbaum al asegurar respeto por la inversión privada. Deben escuchar a Altagracia Gómez Sierra, empresaria jalisciense, dueña de MINSA el segundo emporio maicero de nuestro país, asesora empresarial de la presidenta, quien precisa que construir un segundo piso del obradorismo no significa replicar el primero: “Habrá continuidad, pero con cambios”.
El beneficio de la duda es para Claudia Sheinbaum, recordemos que hace seis años Andrés Manuel llegó rodeado de gurús de la economía que en conjunto eran un buen vaticinio para el país, los que, poco a poco fueron desertando al verse defraudados al no cumplir AMLO con las promesas de campaña y mucho menos con los postulados del Proyecto Alternativo de Nación.
Dejemos todo … al tiempo.
Amigos como siempre les dejo un saludo ¡con mucho afecto!
