El Pacto Federal se refiere al desarrollo equitativo de todos los miembros de la Federación, es decir, de los estados o entidades federativas y, en ellos, cada uno de los más de dos mil cuatrocientos municipios del país, a fin de equilibrar contrastes y rezagos bajo un federalismo que garantice una justa redistribución de los recursos y oportunidades de desarrollo.
Si bien esta organización política del Estado mexicano evoca a un acuerdo nacional principalmente en cuanto a la equidad distributiva del presupuesto hacia los tres niveles de gobierno y a través del cual el pueblo ejerce su soberanía por medio de sus representantes en los Poderes de la Unión, hay que reconocer que el tema hacendario, no puede ser asunto exclusivo en el interés de los miembros de la República, pues entre varios más que conforman la agenda pública y la agenda política nacional, está la aspiración legítima de que así como ambas Cámaras, de Diputados y Senadores, se conforman con la presencia de cada una de las entidades federativas, la integración del Poder Ejecutivo igualmente considere en su integración a mujeres y hombres de todas las latitudes de nuestro territorio.
En este sentido, el origen mayoritario en la Ciudad de México de quienes han sido anunciados por la Presidenta Electa como titulares del Gabinete Legal, se explica más como un tema coyuntural y por supuesto no intencional ni discriminatorio hacia la clase política de provincia; sin embargo, hace prudente el alertar sobre la pertinencia de impulsar equilibrios en las subsecuentes designaciones tanto del Gabinete Ampliado, como de las posiciones de mando por designación en la amplia estructura de Administración Pública Federal, pues para quienes su vocación les ha llevado a ejercer laboral y profesionalmente en el servicio público, independientemente de su localidad, municipio y estado de origen, la ocasión de participar en el Gobierno de México siempre representará una gran oportunidad profesional, pero sobre todo, una gran satisfacción y orgullo, en la medida que corresponda, al trabajo y desarrollo nacional.
Como parte de esta coparticipación nacional del ejercicio de gobierno, de forma paralela aunque estructurada más como una desconcentración territorial, el Poder Ejecutivo Federal se ha apoyado por décadas de un sistema de Delegaciones en las entidades federativas dispuestas como auxiliares para el cumplimiento de sus atribuciones, que en el sexenio que está por concluir bajaron su perfil y se coordinaron por el representante de la Secretaría de Bienestar, estableciendo un contacto directo con los destinatarios de las acciones y programas acordes al ánimo del Gobierno Federal de priorizar el desarrollo social de los grupos vulnerables.
Conceptualmente, el noble origen de esta decisión es evidente, pero en la realidad dichos representantes del Bienestar, los “Súper Delegados”, se constituyeron en el mejor de los casos en las candidatas y candidatos naturales a las gubernaturas y senadurías y, en otros más, en poderes alternos al ejecutivo estatal, dificultando más que facilitando la interlocución con la Federación, a través de estas nuevas unidades administrativas denominadas “Delegaciones de Programas para el Desarrollo”.
Ante ello, es oportuno pensar una reestructuración de dichas representaciones en la que, por principio de cuentas se determine en cada estado, cuáles son las que verdaderamente se requieren, de acuerdo con su vocación de desarrollo y realidad geográfica y social; fortaleciendo la figura de cada delegado y restituyendo la coordinación a la delegada o delegado de la Secretaría de Gobernación, pues es a quien corresponde la conducción de la política interior del país o incluso, –como todo en la política– el tiempo y circunstancia, hoy abren la posibilidad de una nueva opción, una nueva visión en apego al arribo de una figura como Lázaro Cárdenas Batel como Jefe de Oficina de la doctora Sheinbaum: crear las Delegaciones de la Oficina de la Presidencia de la República, no con un sentido de engrosar la burocracia, sino de acortar la distancia entre la población de cada estado con la Oficina de la Presidenta de México.
