• Morelos, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Colima y Chiapas.
• De 2018 a 2023, las víctimas de violencia político-electoral incrementaron 235.7%.
• Consultorías especializadas dieron a conocer sus prospectivas: Integralia y Etellekt.
Por: Alejandro Cárdenas San Antonio
Son seis entidades: Morelos, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Colima y Chiapas, las que especialistas en consultoría en temas de riesgo político, económicos, legislativos, regulatorios y sociales, identifican y recalcan que tienen muy alto riesgo de intervención del crimen organizado en las elecciones de 2024 donde esta ocasión, serán 20 mil los cargos de representación popular a suplir y entre ellos está la cereza del pastel que es la presidencia del país.
Los siguientes datos los asegura la consultoría Integralia en un reporte especial al que han denominado “Primer reporte de violencia política, Mapa de riesgos de intervención del crimen en las elecciones locales 2024” y lo dieron a conocer este 7 de febrero, con los datos más recientes.
Es de recordar que sobre este tema, el año pasado otra consultora: Etellekt, dedicada también a la estratégica en comunicación, campañas electorales, políticas públicas e inteligencia de fuentes abiertas sobre riesgos políticos y de seguridad, a través de su representante, Asael Nuche González, detalló y habló sobre los resultados de su indicador de violencia política en México, que abarcaba desde el año 2000 hasta enero de 2023 y en ese informe se contabilizaban los asesinatos de alcaldes, regidores y síndicos; pero, vamos primero con la información de Integralia y párrafos más abajo, encontraremos más información detallada de Etellekt.
Integralia asegura que: “Los grupos criminales someten principalmente a los gobiernos municipales para construir su autoridad, ya que de este modo acceden a recursos valiosos (como la colaboración de policías) para: i) operar con plena impunidad, ii) diversificar sus actividades, y iii) neutralizar a sus rivales. -y agregan que- La captura de los gobiernos municipales puede ocurrir en cualquier momento, pero los procesos electorales ofrecen la oportunidad de instaurar o prolongar la autoridad criminal desde el principio de las nuevas administraciones”.
Así mismo, afirman que: “Al menos, existen cinco mecanismos, muchas veces complementarios, a través de los cuales los grupos criminales intervienen en las elecciones – y son-:
1-. Violencia política: amenazas, secuestros, agresiones y asesinatos en contra de funcionarios públicos, precandidatos o candidatos, para obligarlos a cooperar o eliminarlos. Es el mecanismo más visible. 2.- Financiamiento de campañas: aportación de recursos económicos para costear las campañas de sus candidatos. 3.- Imposición de candidatos: injerencia en el proceso de definición de candidatos al interior de los partidos políticos para postular a personas vinculadas con los grupos criminales. 4.- Movilización o inhibición del voto: entrega de despensas, dinero en efectivo, así como amenazas o agresiones a la población, para incrementar o disminuir la votación para beneficiar a candidatos vinculados con grupos criminales. 5.- Intervención en casillas: destrucción de boletas, casillas o instalaciones electorales, así como amenazas y agresiones al personal electoral, para beneficiar a candidatos vinculados a grupos criminales.”
Señala el documento que: “Las disputas entre grupos criminales por el control de los territorios se han intensificado a lo largo del último sexenio, de acuerdo con Data Cívica, de 2018 a 2023, las víctimas de violencia político-electoral incrementaron 235.7%.”
En “2024 Integralia ha contabilizado 21 eventos de violencia político-electoral, asociados con 32 víctimas; los homicidios contra funcionarios públicos y aspirantes han sido la manifestación más frecuente.” Puntualizan casos como homicidios, secuestros, atentados, género y destrucción de patrimonio y agregan que: “Desde que inició el proceso electoral en septiembre de año pasado, destaca el asesinato de ocho aspirantes a cargos de elección popular, la mayoría a presidencias municipales.” También añaden los nombres de las víctimas, los cargos, los estados y sus partidos políticos:
Ricardo Taja Ramírez, Presidencia municipal de Acapulco del partido Morena en el estado de Guerrero. Alfredo Giovanni Lezama, Diputado local PAN en el estado de Morelos. David Rey Gonzáles, Presidencia municipal de Suchiate, del PRI en Chiapas. Sergio Hueso, presidente municipal de Armería del partido MC en Colima. Miriam Nohemi Ríos, Regiduría del ayuntamiento también del partido MC en Michoacán. Samantha Gómez Fonseca, Senadora del partido Morena en la CDMX. Marcelino Ruíz, presidente municipal de Atlixcac, del PRD en Guerrero y Jaime Vera Alanís presidencia municipal de Mascota, del partido PVEM en Jalisco.
Entre otros datos, el “Primer reporte de violencia política, Mapa de riesgos de intervención del crimen en las elecciones locales 2024” menciona que los factores de riesgo para la intervención del crimen en las elecciones locales son:
“Presencia de mercados ilícitos, además del narcotráfico; se interesan en territorios en donde pueden hacer negocios muy rentables; grupos criminales en conflicto armado, necesitan cooptar gobiernos para inclinar la balanza a su favor; estado de derecho débil, avanzan en donde existe menor resistencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno; celebración de elecciones a presidencias municipales, necesitan a los gobiernos que pueden ofrecerles mayor impunidad a nivel territorial; municipios estratégicos para el crimen organizado con alta competitividad electoral, intervienen en procesos en donde sus candidatos se encuentran en riesgo de perder la elección.”
Por otra parte y haciendo historia, el año pasado, otra consultora: Etellekt, dedicada a la estratégica en comunicación, campañas electorales, políticas públicas e inteligencia de fuentes abiertas sobre riesgos políticos y de seguridad, a través de su representante, Asael Nuche González, en una entrevista para el periódico Milenio, detalló y habló sobre los resultados de su indicador de violencia política en México, que abarcaba desde el año 2000 hasta enero de 2023 y en ese informe se contabilizaban los asesinatos de alcaldes, regidores y síndicos.
Dijo en la entrevista -ojo, en esa ocasión las cifras eran actualizadas hasta el 2023- que tan solo en el actual sexenio, el de Andrés Manuel López Obrador- habían sido asesinados 20 alcaldes, 33 regidores y 12 síndicos, en un total de 65 servidores públicos, lo que representaba -aseguró- una incidencia 35% mayor a la registrada en todo el sexenio del expresidente Felipe Calderón.
En la mayoría de los casos, las investigaciones no han avanzado y no hay detenidos.
Continuando con los datos de 2023 que arrojaba el informe de Etellekt, -enfocando únicamente este sexenio que está por terminar-, de los 65 atentados han abarcado al 53% de las entidades del país. Oaxaca era el estado con más víctimas mortales con un total de 13, seguido de Veracruz (9), Michoacán (7), el Estado de México (7), Guerrero (6), Sonora (3), Guanajuato (3), Chihuahua (3), Chiapas (2), Jalisco (2), Puebla (2), Sinaloa (2), Morelos (2), Baja California (1), Coahuila (1), Hidalgo (1) y Tamaulipas (1).
Las 65 víctimas pertenecían a 60 distintos municipios de la República, sin figurar ninguna capital de las 31 entidades federativas o las 16 demarcaciones de la Ciudad de México. De estos 60 municipios, solo había 5 con un par de atentados: Heróica Ciudad de Tlaxiaco, Jalapa de Díaz, y Miahuatlán de Porfirio Díaz en el estado de Oaxaca; Cochoapa el Grande, en Guerrero; y Bácum, Sonora.
De las 65 víctimas, 56 eran hombres y 9 mujeres, de estas 4 eran alcaldesas, 3 regidoras y 2 síndicas.
Por militancia partidista las cifras de 2023 arrojaban que: 16 de las víctimas mortales estaban afiliadas al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), 12 al Partido de la Revolución Democrática (PRD), 8 al Partido Revolucionario Institucional (PRI), 5 al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 5 al Partido del Trabajo (PT), 4 a Movimiento Ciudadano (MC), 4 al Partido Acción Nacional (PAN), 3 al Partido Encuentro Solidario/Encuentro Social (PES), 1 a Nueva Alianza (NA), y 7 más a partidos locales o que obtuvieron su cargo bajo sistemas normativos indígenas…”
El análisis hacía comparaciones desde el sexenio de Vicente Fox en año 2000 y decía que en los últimos 22 años –por la fecha de corte de este multimencionado informe, que fue el 30 de diciembre de 2022- habían perdido la vida en hechos violentos 96 alcaldes, 102 regidores y 33 síndicos; o sea, 231 servidores públicos.
Y también, en la mayoría de los casos, las investigaciones no habían avanzado ni había detenidos.
En México, se van a suplir más de 20 mil cargos en este proceso electoral y se está agregada la cereza del pastel que es la Presidencia de la República.
