La incidencia social y la participación ciudadana, son elementos cruciales del desarrollo democrático, tanto por la acción de las organizaciones de la sociedad civil y grupos sociales, dispuestos a influir en las decisiones y políticas públicas, como por la acción ciudadana individual que, asumiéndose como tercero interesado, aporta a lo colectivo y, por tanto, como ciudadanía, al participar directamente en el diseño, ejecución y valuación de las decisiones públicas, así como en la resolución de problemas de interés comunitario. En ello, el concepto de democracia deliberativa, considera a todas y cada uno de los ciudadanos moral y socialmente capacitados para involucrarse y participar en el debate público, la vida política y la toma de decisiones que nos afectan a todos, alzando la voz individual y colectivamente a favor incluso de quienes difícilmente son escuchados, a través de un proceso social deliberativo, de escucha, en el que todas las opiniones sean argumentadas y discutidas en un ambiente de respeto, inclusión y tolerancia.
La deliberación, reiteradamente, ha sido considerada como un mecanismo de control democrático, presente en lo que pareciera un juego de palabras, pues de manera simultánea a la democracia deliberativa, existe el principio de deliberación democrática, cuya esencia se centra en los mecanismos jurídicos y constitucionales del procedimiento de deliberación legislativa, previsto en los artículos 71 y 72 de nuestra Carta Magna y cuya observación vigilada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sido motivo reiterado de debate público y para ser más precisos, de reiterada polémica y tensión entre los Poderes del Estado. La Corte analiza procedimientos legislativos, pero no legisla, su única función es la de salvaguardar y garantizar a la sociedad la integridad jurídica y apego a los valores constitucionales de dichos procedimientos parlamentarios, vigilando, sobre todo, trasgresiones al derecho a la participación plural e igualitaria de todas las fuerzas políticas y grupos representados en el Legislativo en condiciones de equidad y libertad; en este sentido, se adiciona a las acciones encaminadas al fortalecimiento democrático y al equilibrio de la división de Poderes propios de la República.
Evidentemente, la Corte no puede ni debe invadir atribuciones de los otros Poderes, sería impropio del mismo diseño constitucional que custodian; sin embargo, no hay que perder de vista que, la deliberación democrática, la interlocución parlamentaria se ha minimizado, se ha hecho a un lado ante la realidad de las mayorías parlamentarias alcanzadas en las dos últimas legislaturas en San Lázaro, en las que la imposición y el mayoriteo llegan a inhibir el diálogo, la construcción de acuerdos y la negociación, exponiendo al legislativo a vulnerar el debido proceso parlamentario y, por tanto, el principio de deliberación democrática, sin que ello implique, por supuesto, que el Poder Judicial se pueda entrometer en cada una de las disputas del Poder Legislativo, pues no es lo usual tampoco, que las disputas del pleno, ni el debate en tribuna se conviertan en iniciativa y menos aún, que puedan señalarse de inconstitucionales.
El principio de deliberación democrática no es del dominio común en la opinión pública, pero se hizo presente en los últimos días, resultado del mensaje de toma de protesta de la ministra de la SCJN, Lenia Batres Guadarrama, quien asumiéndose como “Ministra del pueblo”, al tiempo de adquirir un enorme compromiso social, –pues solo el pueblo, la ciudadanía, es quien podrá ratificar el que se le reconozca como tal–, hizo resurgir el ambiente de rigidez entre poderes; esperemos por lo pronto, que ponga su mejor empeño en cumplir con independencia y profesionalismo su función de jueza constitucional. Afortunadamente, dentro de este ambiente de tensión, principalmente mediática, es altamente rescatable el hecho de que, como ciudadanía, estemos convocados y ejerzamos cada vez más, el derecho a participar en el debate político, público y abierto que permite el derecho humano a la libertad de expresión, en la búsqueda continua por una sociedad más justa, en un entorno de democracia deliberativa.
