por Marcos Pineda
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tendrá que tomar, en los próximos días, algunas de las decisiones más controversiales en la historia comicial de Morelos. Por supuesto, todo dependerá del resultado final sobre la validez de la votación emitida en las casillas, el pasado 6 de junio, que podría tener el efecto secundario de influir en la distribución de las diputaciones plurinominales locales y en la conservación o no del registro estatal de los partidos Encuentro Social (PES) y el Movimiento Alternativa Social (MAS).
De suyo, ya las decisiones que tomen resultarán relevantes para la vida pública y la política morelense. No sería para nada lo mismo que obtengan o no curules esos partidos y mantengan su registro, ya sea uno o ambos. Sin embargo, en ello va inmerso otro tema, que pierde visibilidad ante el pragmatismo con que se analizan jurídicamente este tipo de procedimientos legales: el de la legitimidad.
A reserva de analizar en otro momento el caso específico del MAS, el que nos lleva a la reflexión el día de hoy es el de Mirna Zavala Zúñiga, a quien ya le fue entregada su constancia como diputada electa por el principio de representación proporcional, es decir, como diputada plurinominal.
Dejemos claro primero que aquí no se trata de analizar ni la carrera política de la hoy diputada electa ni su desempeño como funcionaria pública, así como tampoco cuestionar su estrecha cercanía con el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y José Manuel Sanz Rivera, sino el significado político de este proceso a la luz de lo que debiera ser la democracia.
Mirna Zavala tuvo dos candidaturas simultáneas a la diputación. Una por elección directa y la otra de tipo plurinominal. La primera la perdió de manera clara e irrebatible y la segunda la obtuvo por los criterios establecidos para el reparto de las plurinominales, pues iba en la segunda posición y no en la primera, de la que esperaba ser beneficiario Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, quien pretendía reelegirse.
El fondo de la cuestión, el tema que está siendo dejado de lado no es el legal, puesto que la candidata cumplió con todos los requisitos para ser postulada y si las decisiones del TEPJF la favorecen también la asignación de la curul sería legal. No, el tema no es ese, siempre que no haya mano negra en las resoluciones del Tribunal, claro. El tema es el de la legitimidad, ya que legalidad y legitimidad son dos componentes, que debieran tener el mismo peso en una democracia. Si se tiene un representante popular cuyo cargo ocupa de manera legal pero no de manera legítima, deja un vacío en lo que debería ser una democracia.
Mirna Zavala perdió en las urnas. Eso significa, en automático, que el pueblo “bueno y sabio”, como dice López Obrador, no la quiso como diputada, no le dio su voto ni su confianza para que lo represente en el Congreso. Es decir, en este sentido, no goza de la legitimidad que otorga el voto popular para ocupar un cargo de representación. A pesar de ello, dado que la ley le permite competir también como plurinominal, por un muy escaso margen porcentual de la votación obtenida por su partido, podría llegar a la curul.
En suma, de llegar a la diputación, la legisladora Zavala podría estar investida de legalidad, pero carecería de legitimidad.
Y para iniciados
Este es un caso que debe llamar también la atención de los integrantes de la nueva legislatura, a fin de ser tomado en cuenta como referente para la reforma electoral, cuya necesidad se hace cada vez más evidente. Nos hace reflexionar en que las actuales reglas de los procesos electorales permiten que no sea necesariamente el pueblo el que decida a quiénes quiere como representantes, sino que el poder, los que les dicen “los de arriba”, tienen la posibilidad de imponer a quien quieran. Y eso en una democracia es inaceptable, es ilegítimo, aunque sea legal y, por tanto, tendría que reformarse.
Excelente día.
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