Los números son alarmantes, más de 100 mil personas desaparecidas se cuantifican a partir de los primeros años del presente siglo. La política pública en materia de seguridad y procuración de justicia está en duda.
Los cuestionamientos son diversos: la confiabilidad de la metodología utilizada para formar estadísticas, los tiempos y causas legales para iniciar oficialmente una búsqueda, la insuficiencia de recursos presupuestales, la corrupción, la carencia de investigadores y su falta de capacitación técnica, la descomposición social, el reclutamiento y ajuste de cuentas por parte de la delincuencia organizada, el hambre y la falta de oportunidades laborales, las formas y métodos de participación ciudadana no solidarias, la ignorancia e indolencia, entre muchas otras.
Todas estas dudas que se plantean por parte de los especialistas en la materia, y principalmente entre los operadores del sistema de seguridad y procuración de justicia, son válidas y legítimas. Implican una atención especializada, no sólo en lo particular, sino sistémica e integral. Como se observa, algunas pudieran referirse a las causas generadoras de la desaparición de personas, otras a la forma en que se atiende la problemática y finalmente, están las relacionadas con los efectos, específicamente en cuanto a su impacto social, económico y político.
Preocupación y atención del fenómeno existe, quizá no en la forma e intensidad que se desea o requiere. Por ello, debe hacerse un alto en la ejecución de la estrategia, sin que esto signifique inamovilidad operativa. Las autoridades y la sociedad civil necesitan replantear la política pública.
La información existe, es necesario reconocer los errores y aciertos que se han tenido, entender que es un problema en el que estamos involucrados todos, no sólo autoridades y víctimas. Ver hacia adelante con claridad de metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo, debe ser el compromiso.
Es recomendable revisar las mejores prácticas que el entorno internacional ha planteado para la atención de fenómenos parecidos. Debemos reconocer que este problema está asociado al de la delincuencia organizada, tanto en su dinámica interna, como trasnacional, en la que se involucran modalidades delincuenciales diversas, no sólo las relacionadas con la producción, trasiego y venta de estupefacientes, sino con algunas otras, como el tráfico de personas y la explotación sexual.
Sólo por ejemplificar, en México el número de mujeres desaparecidas es preocupante, más de 20 mil, muchas de ellas entre 12 y 19 años de edad. Dato escalofriante.
Desde luego, en esta revisión debe estar presente el estudio y actualización del marco legal que regula la materia de desapariciones forzadas, particularmente, todo los relacionado con su ley general, así como su vinculación con las regulaciones en materia de delincuencia organizada, haciendo énfasis en todo lo relacionado con la reparación integral de los daños a las víctimas.
Finalmente, se debe trabajar bajo esquemas de transparencia y rendición de cuentas, con un análisis y focalización por grupo de población para la instrumentación de acciones de prevención y procuración de justicia, pero sobre todo privilegiando la cero impunidad.
Existe la sensibilidad y voluntad necesaria para la atención de este problema. Sólo requerimos trabajar en forma seria y responsable. De todos depende, no sólo de las autoridades y las madres buscadoras.
