Esta semana arreciarán los posicionamientos públicos respecto a la desaparición de siete de los órganos constitucionalmente autónomos del gobierno federal, así como la integración de sus funciones y obligaciones a las dependencias del Ejecutivo o al INE, según el caso.
Unos a favor y otros en contra, pero ya parece muy tarde para que la propuesta de Andrés Manuel López Obrador pueda ser echada para atrás o, al menos, reformada en algún sentido. Como las otras, que fueron presentadas en paquete por el entonces primer mandatario, el pasado 5 de febrero, serán aprobadas con los votos de los morenistas y sus aliados, así como por la mayoría de los congresos locales. Serán ley vigente y, encima, inatacable, puesto que ya entró en vigor la llamada “supremacía constitucional.”
Entre los siete órganos que desaparecerán destaca mediáticamente el INAI, puesto que ha significado un medio para hacer del conocimiento público una serie de contratos, adjudicaciones directas y manejo de recursos públicos que van desde la famosa “Casa Blanca”, en el período de Enrique Peña Nieto, hasta el más grande de los desfalcos históricos en México, el de la ya sepultada, Segalmex, misma que fue creación de López Obrador.
Sin embargo, otros de ellos, como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), también aporta datos, información, investigación y análisis que no han sido nada cómodos para el régimen, particularmente cuando se trata de verificar si los objetivos gubernamentales, planteados en el Plan Nacional de Desarrollo, se han cumplido o no.
En múltiples ocasiones, los informes del CONEVAL fueron desestimados por el presidente, bajo su argumento usual de “los otros datos” en posesión de su gobierno. Voy a poner tan sólo un ejemplo. La medición de la pobreza en México, que se compone de seis dimensiones: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de vivienda, servicios básicos de vivienda y el acceso a una alimentación nutritiva y de calidad. Quienes padezcan tres o más de estas carencias forman parte de la denominada pobreza extrema. Cuando el CONEVAL expuso que de 2018 a 2020, lapobreza extrema aumentó de 8.7 a 10.8 millones de personas, es decir, pasó del 7.0% al 8.5% de la población, eso hizo explotar al presidente, pues resultó evidente que su política social no estaba resolviendo el problema de la pobreza extrema, aún antes de la pandemia de COVID-19. Como éste, hay muchos ejemplos más.
CONEVAL, junto con los otros órganos constitucionalmente autónomos, son considerados internacionalmente como un logro en materia de transparencia y rendición de cuentas, largamente exigido por las oposiciones partidarias en todos los países democráticos. Pero en México han sido acusados de ser muy costosos y estar al servicio de las oligarquías. El argumento fundamental para extinguirlos se basa en la reducción de gastos y el combate a la corrupción.
Pero ninguno de sus miembros ha sido acusado ni procesado formalmente por algún acto de corrupción, ni tampoco se han considerado las propuestas de reformarlos, sin desaparecerlos, para que fueran más eficientes y menos costosos. No. De lo que se trata es que el gobierno tenga el control de las atribuciones que hoy están en manos de los órganos autónomos. Y eso no es más que una regresión al sistema de los años 60 y 70 del siglo pasado, donde todo estaba bajo el mando del poder hegemónico, sólo que ahora será constitucionalizado.
Y para iniciados:
Por cierto, dos anotaciones al margen. Uno: según el informe del CONEVAL, el más reciente sobre la pobreza por entidades federativas, de febrero de este año, Morelos se encuentra por encima de la media (39.1%) con carencia de acceso a servicios de salud, con un 46.4% que lo coloca en el nada honroso 8º lugar de los estados con peores indicadores, justo en el sector salud, donde se sabe que el gobierno saliente dejó todo un multimillonario cochinero que debería investigarse a fondo. Y dos: los órganos autónomos locales, como el IMIPE, correlativos a los federales -o los que pudieran ser absorbidos por entidades estatales o federales-, no deberían sentirse nada seguros. Al menos donde el régimen tenga mayoría calificada en los congresos estatales, la armonización legislativa los hará desaparecer… de la misma manera.
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