La política es una de las actividades que más desata y despierta apasionamiento y, aunque de manera ideal está en su esencia el trasladar los conflictos a la civilidad, al diálogo respetuoso, en la realidad es demasiado frecuente que las pasiones propias de la política se tornen y canalicen en actos violentos destinados a coartar, intimidar, o eliminar su participación contraria o no afín en la ideología, en la contienda política y el ejercicio público del poder, expresada en forma de agresiones físicas, amenazas, intimidación, acoso, desprestigio, difamación, etc., motivados por el desacuerdo ideológico, la competencia por el poder, la intolerancia hacia ciertas ideas tanto individuales como de grupo, o la discriminación por motivos de género, raza, apariencia, religión u orientación sexual; todo ello sin duda en retroceso a los avances sociales y democráticos que cada sociedad va forjando en su desarrollo político.
La violencia política puede afectar tanto a actores políticos como a ciudadanos comunes que expresan sus opiniones o deciden participar en la vida política; y, por tanto, las personas que sufren violencia política pueden ser candidatos, líderes políticos, activistas o periodistas, pero igualmente se puede tratar de cualquier individuo, de cualquier ciudadana o ciudadano, involucrados en la acción y debate público que les conecta con la esfera política, con el objetivo de restringir dicha participación, y que puede tener consecuencias graves no solo para la democracia, sino para los derechos humanos y la propia integridad de las personas, socavando la pluralidad de voces e ideas, fundamentales para un sistema democrático saludable, generando un ambiente de miedo y desconfianza que desalienta la participación ciudadana, propagando la intolerancia, el odio y la división en la sociedad, proclive a generar respuestas violentas en cadena y perpetuar un ciclo de confrontación y conflicto.
Prevenir y abordar la violencia política, requiere el fortalecer el Estado de Derecho, impulsar una cultura de respeto y tolerancia, y garantizar la protección de los derechos ciudadanos, incluyendo el derecho a la libertad de expresión y por supuesto a la participación política, en lo que históricamente, las mujeres han sido las principales víctimas de la violencia política –violencia política de género–, limitando, dificultando y cuestionando por desigualdades arraigadas, su participación en la esfera pública; violencia que no solo afecta a las mujeres individualmente, sino que también tiene un profundo impacto social, deteriorando la igualdad y limitando así el potencial de toda la sociedad en su conjunto.
Nos encontramos en un contexto políticamente volátil, y que comienza a dar señales de poder tornarse altamente violento ante la proximidad de los procesos electorales; por ello, es fundamental que tanto autoridades, actores políticos y ciudadanía, se comprometan conjuntamente a garantizar que la contienda política sea libre de violencia; promoviendo una cultura de respeto y tolerancia en todos los ámbitos de la vida diaria, pero con énfasis en la participación política y todos los aspectos de la vida pública; en el que las mujeres participen en igualdad de condiciones, sin temor a represalias o discriminación, asegurando que sus voces sean escuchadas y respetadas en el ámbito político. La violencia política, por sí misma, no tiene género; sin embargo, es innegable la existencia de la violencia política de género como problemática social y política que no podemos ignorar y en lo que se deben tomar medidas concretas para erradicarla; sin embargo, también hay que tener muy claro que el respeto tampoco tiene género y debe ser bidireccional para validarse.
La contienda política de manera natural es álgida, por lo que no procede etiquetar cualquier diferencia como violencia política, ni violencia política de género, tampoco el que las mujeres tengan que “aguantar vara” por el hecho de participar en la vida política; se trata de que, como país, no podemos permitirnos el perder la capacidad de asombro ante la violencia, debemos impulsar la participación activa, pero respetuosa en la política con plena libertad y consideración a la dignidad humana, en lo que debe imponerse el carácter ciudadano de la autoridad electoral.
