A inicios de 2011, el Ayuntamiento de Cuernavaca, entonces presidido por Manuel Martínez Garrigós, enfrentó un delicado conflicto político y social (dentro de una sistemática campaña de ataques auspiciada por el PAN en contra del alcalde) debido a la implantación de nuevas tasas en el impuesto predial, lo cual nos obligó a investigar si la situación se repetía o sigue repitiéndose en otras entidades federativas. La respuesta es en sentido afirmativo.
Este día quiero referirme al mismo tema frente al anuncio hecho ayer martes por el presidente municipal electo de Cuernavaca, José Luis Urióstegui, quien, al percibir la grave problemática financiera de la actual administración, la cual le será heredada a partir de enero de 2022, está cifrando expectativas en los ingresos propios y en ciertas participaciones federales. Respecto a los ingresos propios, en su mayoría provienen del Impuesto Predial y otros gravámenes contemplados por la Ley del Catastro.
En 2011, Martínez Garrigós promovió la recatastración, es decir la actualización de los valores comerciales de inmuebles, a fin de incrementar el Predial, pero su objetivo no prosperó debido a la politización del tema. Tal vez en los años subsecuentes hubo alguna actualización de valores y determinados aumentos a dicho impuesto, pero no se han presentado nuevos conflictos sociales. Ya veremos cómo aplica sus medidas el siguiente alcalde, allende la frontera del 1 de enero de 2022.
Antes de continuar me referiré a un estudio titulado “Mejorar el rendimiento del impuesto predial: una necesidad inaplazable”, del doctor Salvador Santana Loza, ex director general adjunto de la Hacienda Municipal en el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (mejor conocido por las siglas Indetec).
Ahí leemos que las contribuciones a la propiedad inmobiliaria “son las principales fuentes de ingresos para los municipios del país, siendo el impuesto predial la figura más importante de estas contribuciones, cuya recaudación a nivel nacional genera un rendimiento del 0.2 por ciento del PIB, el cual comparado con los rendimientos en otros países de características económicas similares a las de México es inferior”. “Por tal motivo –agrega Santana Loza- es importante que los municipios encaminen sus esfuerzos para lograr optimizar la recaudación de este impuesto, disminuir el rezago y la evasión del pago de dicha contribución, y en consecuencia se fortalezcan sus ingresos propios, para la satisfacción de las demandas de la ciudadanía”.
Efectivamente. Cada tres años los aproximadamente dos mil 400 presidentes municipales de este país enfrentan el siguiente dilema: emprender una revaluación catastral acorde a los valores comerciales de predios y construcciones, a fin de ubicar en forma realista las tasas del impuesto predial dentro del anárquico mercado inmobiliario y con ello generar mayores ingresos a las arcas locales, o no hacer nada, lo cual repercute siempre en la falta de recursos para construir nueva infraestructura.
Así, una de las principales causas por las cuales no se optimiza la recaudación del predial, además del bajo valor catastral de los inmuebles, es sin duda el temor al desgaste político que campea en las administraciones municipales, así como los compromisos que les impiden iniciar importantes campañas del cobro de este gravamen, luchando contra inercias añejas que impiden la recaudación tributaria. Esto fue precisamente lo que ocurrió y ha ocurrido con el Ayuntamiento de Cuernavaca.
Además del activismo de determinados actores (dentro y fuera de Morelos) que buscan sacar raja electoral en cualquier coyuntura, es menester citar, como parte de la misma problemática, “la escasa conciencia tributaria de la ciudadanía en el ámbito municipal, ya que tratándose de contribuciones federales y aún las locales, la resistencia de pago por parte de la ciudadanía es menor, mientras que, tratándose de contribuciones municipales, ésta se presenta en mayor medida (Santana Loza)”.
Si a lo anterior agregamos que la administración municipal es la que tiene mayores deficiencias en el ámbito tributario, eso nos explica por qué los ingresos derivados del impuesto predial se encuentran muy por debajo del índice que potencialmente permite la propia contribución. ¿Y saben ustedes la causa? El miedo de los ediles al costo político.
A continuación, mencionaré algunos municipios que en años recientes incrementaron las tasas (tras los respectivos programas de recatastración), dentro de un intenso golpeteo político: San Pedro Garza García, Monterrey, Apodaca, Santiago, Montemorelos, General Terán, San Nicolás, Escobedo, Santa Catarina, García, Salinas Victoria y Zuazua, en Nuevo León; pero también hubo conflictos en Torreón (Coahuila), Querétaro, y en varias localidades de Sinaloa y Guanajuato. La constante ha sido el activismo de actores adscritos a partidos políticos opuestos a los gobiernos municipales en turno. Estaremos atentos a las decisiones de Urióstegui y aquí diremos.
