Las multas aplicables a las empresas que incumplan con las nuevas disposiciones en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita resultan «estratosféricas», por lo que es imperativo que los dueños de negocios identifiquen y reporten adecuadamente las actividades vulnerables de sus clientes ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Así lo advirtió José Alfredo Salgado Salgado, presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Morelos, durante una entrevista concedida al periodista Teodoro Rentería Villa para Irradia Noticias, en la que abordó el impacto de las recientes actualizaciones a la regla miscelánea sobre la Ley Antilavado de Dinero.
Salgado Salgado detalló que el marco normativo obliga a los establecimientos de diversos giros comerciales —especialmente los previstos en el artículo 17 de dicha legislación— a recopilar datos e informar a las autoridades financieras sobre el origen y la naturaleza de las transacciones comercializadas con sus clientes.
«Tienen primero que identificar quiénes son los clientes de ciertos giros empresariales y después informarle al SAT de todas aquellas operaciones que tuvieron», puntualizó el especialista, destacando que el marco normativo impone topes al uso de efectivo en compras de bienes de alto valor, tales como vehículos, desarrollos inmobiliarios, bienes de notaria o productos de joyería.
Ante este panorama y el reforzamiento de la vigilancia por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el titular del gremio contable anunció que durante el mes de septiembre la institución impartirá un diplomado especializado dirigido tanto a profesionales de la contabilidad como al sector empresarial, enfocado en el cumplimiento normativo de las obligaciones fiscales.
Finalmente, el representante de la contaduría en la entidad enfatizó la importancia de la capacitación permanente y la certificación profesional expedida por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP). Señaló que la especialización en materias como el derecho fiscal y la prevención del lavado de dinero asegura que los contribuyentes reciban un respaldo ético y técnico capaz de proteger la estabilidad de sus unidades económicas.
