Comencemos esta semana recordando que el 25 de febrero, Claudia Sheinbaum presentó su propuesta de reforma electoral. No es un anuncio menor: se trata de modificar las reglas bajo las cuales se compite y se ejerce el poder en México. En su exposición enumeró diez puntos centrales: uno, reducción del 25% del gasto electoral; dos, disminución del Senado de 128 a 96 integrantes; tres, mantenimiento de 500 diputaciones con cambios en la representación proporcional; cuatro, eliminación de las listas plurinominales tradicionales para privilegiar la elección directa; cinco, recorte al financiamiento público; seis, reducción de tiempos en radio y televisión; siete, regulación de la inteligencia artificial y prohibición de bots; ocho, eliminación del PREP; nueve, facilitación del voto en el extranjero; y diez, prohibición de la reelección consecutiva a partir de 2030.
Ante esta propuesta hay una realidad incómoda que no puede evadirse: es una reforma que nadie pidió. No hubo una crisis electoral que la detonara, no existe un colapso institucional que la justifique. Las grandes reformas en México surgieron para abrir el sistema y limitar al poder gobernante. Esta, en cambio, nace desde el poder mismo.
Hoy la propuesta proviene del Ejecutivo federal y del partido que gobierna, Morena, que concentra la mayor fuerza política y la concentración del poder público en el país. Modificar las reglas desde esa posición obliga a un escrutinio mayor, cambiar la arquitectura electoral no es un ajuste técnico: es redefinir cómo se distribuye el poder.
Además, lo presentado fue un listado general de puntos, sin el desarrollo detallado que permita comprender su impacto real. Sin conocer el diseño completo, resulta imposible evaluar decisiones como la eliminación del PREP, instrumento que nació tras la crisis de 1988, cuando “se cayó el sistema” en la elección que dio el triunfo a Carlos Salinas de Gortari, y que desde entonces ha fortalecido la certeza electoral. No basta invocar el ahorro presupuestal para desmontar mecanismos que han construido confianza.
También inquieta el rediseño de la representación proporcional. El Congreso no es un escenario donde la mayoría gobierna sin límites; es un espacio de pluralidad. Debilitar contrapesos puede traducirse en una sobrerrepresentación práctica del bloque gobernante.
Cuando una reforma electoral no responde a una exigencia social clara y, al mismo tiempo, favorece a quien ya concentra el poder, la discusión deja de ser administrativa y se vuelve estructural. No se trata solo de números o escaños. Se trata de si estamos fortaleciendo la democracia o facilitando que un partido que gobierna tenga aún más poder.
