Tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como sus fieles diputados sabían que la iniciativa de reforma eléctrica sería rechazada por el pleno de la Cámara de Diputados. Por eso, montaron un espectáculo. La idea es satanizar a la oposición, fustigarla con motes como el de traidores, y sacar raja política para mantener el apoyo de sus bases, rumbo a los siguientes procesos electorales.
La realidad es que no hubo ninguna traición al interior del Congreso salvo, quizás, la del diputado priista Carlos Miguel Aysa Damas, junior de un exgobernador de Campeche a quien fue prometida la embajada en República Dominicana, cuyo golpe mediático al anunciar su voto a favor de la también llamada Ley Barttlet no tuvo mayores consecuencias y la renuncia al Verde del diputado neolonés, Andrés Pintos Caballero, que se va a Movimiento Ciudadano.
No hubo ninguna traición a la voluntad popular ni a los intereses de los mexicanos, pues el rechazo a la iniciativa presidencial fue consecuencia directa del voto de los electores en las pasadas elecciones, quienes no otorgaron a Morena, en conjunto con sus partidos satélite, los dedos suficientes para reformar ellos solos la Constitución. Para ser más claros: la reforma no pasó porque el pueblo, a través de sus representantes en la Cámara de Diputados, no quiso que pasara.
Por supuesto que el presidente tiene su propia versión de los hechos. El revés a su iniciativa insignia supone la continuación de una serie de fracasos políticos en la segunda mitad de su periodo de gobierno. El primero fue la Consulta de Revocación de Mandato que únicamente sirvió para demostrar que su base electoral y su capacidad de movilización siguen en caída. La tercera derrota será su pretensión de reformar al INE para someterlo a su control. Si intenta hacer de nuevo que no se cambie ni una coma a sus iniciativas de reforma constitucional, no va a lograr más que el rechazo de los partidos opositores.
Todo ese discurso para tildar de traidores a la patria a quienes se oponen a los designios del presidente, de haber dicho, una y otra vez, que se iba a ver de qué lado estaban, si del del pueblo o de las empresas, y eso de que no se olvidarán sus nombres, todo eso es pura palabrería demagógica. Lo cierto es que hay una ley vigente, compromisos internacionales firmados, y una completa incapacidad del gobierno actual para convencer y lograr consensos. Lo suyo, lo suyo, es la imposición de su ideología y sus políticas, no el diálogo y el acuerdo. Y eso no extraña, porque sobran evidencias de que se trata de un gobierno de corte autoritario.
Ahora, AMLO se empeñará en decir que la iniciativa sobre el litio, misma que ayer entregó al Congreso, es un blindaje contra la traición. Sin embargo, ese también es un montaje más del gobierno cuatritransformista, pero del que hablaremos en otra ocasión.
Por lo pronto, la Ley Barttlet, la iniciativa de reforma eléctrica, fue rechazada y eso ha ahorrado a México miles de millones de dólares en demandas internacionales, cierre de empresas, mayor contaminación, corrupción y pérdida de empleos.
Y para iniciados
El jueves pasado, los miembros del gobierno de José Luis Urióstegui se reunieron en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca para rendir los informes correspondientes a sus primeros cien días de gestión. Un informe entre ellos y para ellos. Se aplaudieron mucho, entre ellos y para ellos. Expresaron tanto avances como justificaciones y pretextos, entre ellos y para ellos. Un elevado riesgo de autocomplacencia se cierne sobre la comuna capitalina. Claro, entre ellos y para ellos.
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