Este lunes 19 de enero, les comento, sobre la reforma constitucional que hoy incorpora al Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes al esquema de elección por voto ciudadano en Morelos, no fue producto de una decisión anticipada ni de una planeación cuidadosa. Su origen está en una exclusión injustificada dentro de la reforma judicial aprobada en mayo de 2025, cuando el Congreso del Estado rediseñó el Poder Judicial local, pero dejó fuera, sin explicación sólida, a un tribunal que forma parte integral de ese mismo poder. Esa omisión no pasó desapercibida y pronto se convirtió en un problema jurídico de fondo.
La exclusión del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes no se corrigió por voluntad legislativa, sino porque fue impugnada mediante juicios electorales promovidos por la ciudadanía. Los tribunales electorales analizaron el caso y concluyeron que el Congreso había incurrido en una omisión legislativa, al no armonizar correctamente la Constitución local con la reforma judicial federal. Las sentencias fueron claras: el Poder Legislativo estaba obligado a legislar y a subsanar lo que había dejado fuera, sin margen para interpretaciones políticas o dilaciones.
Ante ese escenario, el Congreso se vio forzado a retomar el tema y a corregir el diseño constitucional. El 27 de noviembre de 2025, aprobó la reforma correspondiente y, en los días siguientes, cumplió con el procedimiento constitucional al remitirla a los ayuntamientos del estado. Con el respaldo de más de las dos terceras partes de los municipios, el ajuste constitucional avanzó formalmente, ya no como una concesión, sino como una corrección necesaria a un error previamente señalado por las autoridades jurisdiccionales.
El proceso se cerró finalmente el 15 de enero de 2026, cuando se publicó la declaratoria en el Periódico Oficial Tierra y Libertad. Con esa publicación, el Congreso dio cumplimiento a las sentencias electorales y la Constitución de Morelos incorporó de manera expresa al Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes dentro del nuevo modelo judicial. El mensaje es contundente: la reforma no se completó por previsión, sino por obligación. Y ahora, más allá del trámite cumplido, queda pendiente demostrar que lo aprobado en el papel será aplicado con responsabilidad rumbo a la elección judicial de 2027.
Por fin ya está completa la reforma a la constitucional en lo referente a la elección judicial de Morelos, lo que implica más trabajo para el IMPEPAC.
