En un despliegue operativo supervisado por organismos de derechos humanos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Estado de Morelos llevó a cabo la reubicación de 305 mujeres privadas de la libertad desde el Centro Estatal de Reinserción Social Femenil “Morelos”, ubicado en Atlacholoaya, hacia las nuevas instalaciones del penal femenil en la ciudad de Cuernavaca. El traslado concluyó la noche de este lunes de manera ordenada y sin contratiempos, con el objetivo prioritario de dignificar las condiciones de internamiento y garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos de la población penitenciaria.
Un operativo integral con perspectiva de género y supervisión de la CDHEM
El procedimiento logístico contó con el despliegue de más de 200 elementos operativos, entre los que destacó la participación de personal femenino de la Guardia Nacional, la Policía del Estado de Morelos, la unidad de Seguridad y Custodia, así como integrantes del Grupo Especial de Supervisión Penitenciaria.
Para vigilar la legalidad y la integridad de las internas durante todo el trayecto, se contó con la presencia de observadores de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) y representantes de la Dirección General de Asuntos Internos de la SSPC. Asimismo, el convoy estuvo acompañado por dos ambulancias equipadas con personal médico y psicológico, además de dos vehículos oficiales especialmente adaptados para brindar traslado seguro a personas con discapacidad, mujeres embarazadas y madres que permanecen en reclusión acompañadas de sus hijas e hijos.
Para mitigar la incertidumbre de los familiares, la Coordinación del Sistema Penitenciario confirmó que habilitará un módulo de orientación en el que se brindará información detallada sobre los esquemas, días y horarios programados para las visitas familiares en el nuevo centro penitenciario de Cuernavaca.
Las deficiencias en Atlacholoaya y las recomendaciones de Derechos Humanos
La reubicación de la población femenil responde a un análisis integral del sistema penitenciario estatal y a la atención puntual de una serie de recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos de Morelos. A lo largo de diversas inspecciones y evaluaciones en materia penitenciaria, los organismos garantes habían señalado severas deficiencias estructurales y operativas en el antiguo complejo de Atlacholoaya.
Entre las principales observaciones formuladas por los organismos de derechos humanos sobre el área femenil de Atlacholoaya destacaban:
- Deterioro en la infraestructura básica: La urgencia de intervenir de manera profunda las redes hidráulica y eléctrica, las cuales presentaban fallas constantes que afectaban el suministro continuo de agua y la iluminación de los dormitorios.
- Condiciones de habitabilidad e higiene: La necesidad de rehabilitar y remodelar las estancias o celdas para garantizar un entorno digno, ventilado y con las condiciones sanitarias mínimas para evitar riesgos a la salud de las reclusas.
- Falta de espacios especializados: Deficiencias en áreas destinadas a la atención médica, materna e infantil, lo que limitaba el cuidado adecuado de mujeres gestantes y de menores de edad que conviven con sus madres en reclusión.
- Servicios de atención integral: La exigencia de adecuar los espacios para que las actividades de reinserción social, capacitación y esparcimiento se desarrollen en entornos idóneos y seguros.
El dictamen técnico sobre la sede de Atlacholoaya determinó la necesidad impostergable de desocupar el espacio femenil para emprender trabajos de remodelación, rehabilitación y conservación mayor en el inmueble, haciendo inviable la permanencia de las reclusas durante la ejecución de las obras.
Un modelo penitenciario enfocado en la reinserción y el bienestar
El Poder Ejecutivo de Morelos enfatizó que este traslado marca un avance sustancial en la consolidación de un sistema penitenciario con enfoque humanista, eficiente y orientado a la reinserción social efectiva. La apertura de la sede en Cuernavaca brindará espacios adecuados para la convivencia, la higiene y la atención médica preventiva y especializada.
Con este movimiento, la SSPC reitera su compromiso de dar seguimiento a la nueva etapa operativa de las cárceles en la entidad, colocando como eje rector la seguridad, la dignidad humana y la protección prioritaria del interés superior de la niñez de las hijas e hijos de las mujeres privadas de la libertad.