Ya ha quedado claro que, para el régimen actual, las formas de organización social diferentes a las partidarias no son bien vistas ni tomadas en consideración, sobre todo si no comulgan ideológicamente con la izquierda o, más precisamente, con lo que signifique izquierda para la cuarta transformación y su partido Morena.
El gobierno hegemónico y autoritario que durante siete décadas ejerció el PRI, bajo sus diferentes siglas, tuvo que entender y se vio obligado a ser cada vez más tolerante y respetuoso de las formas de organización ciudadanas ajenas al gobierno, con pensamientos distintos y hasta divergentes de las posturas oficiales. En algún momento intentó corporativizarlas, como lo ya lo había hecho con los sindicatos y los organismos patronales, para mantenerlos bajo su control. Sin embargo, dada la gran variedad de intereses sociales e inusitada emergencia de la sociedad civil para enfrentar los problemas que el Estado no resolvía, eso no fue posible.
A lo más, llegaron a tener control sobre ciertas organizaciones a través del reparto de recursos para apoyarlas. Pero muchas, sobre todo pequeñas organizaciones y otras, no tan pequeñas, pero con posibilidades de financiar sus actividades con recursos provenientes de la iniciativa privada o del extranjero continuaron fuera de la influencia gubernamental y hasta se convirtieron en una preocupación para la estabilidad del régimen.
Ahí se encuentran tanto organizaciones comunitarias, mutualistas, medioambientalistas, defensoras de derechos humanos, de las mujeres, de periodistas y muchas más. Los años ochenta del siglo pasado representaron un crecimiento tal de las organizaciones de la sociedad civil que llegaron a contarse en más de quince mil, entrados los noventa. Claro, en otros países era mayor, pues la vocación y tradición participativa tenía más tiempo y gozaba de más garantías que en México, un país que apenas estaba en un proceso de transición a la democracia.
En lo general, las organizaciones de la sociedad civil percibieron, que mientras el régimen hegemónico no terminara no habría posibilidades de desarrollar su potencial, lo mismo que los partidos políticos, entre los que se tenía claro que terminar con el autoritarismo competitivo, es decir, el ejercicio de una democracia controlada por el Estado, construyendo instituciones electorales independientes del Ejecutivo y poniendo freno a los abusos del poder a través de leyes electorales y controles estrictos para el uso de los recursos públicos, era la única forma de lograr que se respetara la voluntad popular, que para esa época era equivalente a ver fuera de Los Pinos al PRI.
Finalmente, en el 2018, luego de una reforma electoral que dotó al INE de mayores atribuciones y mejores instrumentos de fiscalización, arrasando López Obrador en la elección presidencial, sociedad y partidos creyeron que finalmente habría un nuevo panorama, participativo, democrático e incluyente.
Pero sucedió todo lo contrario. La sociedad civil organizada ha vuelto a ser objeto de ataques, intolerancia y exclusión. Solamente las que trabajan con y para el régimen son tomadas en cuenta y en forma sobre manera discrecional, nada democrática. Las instituciones electorales están en la mira rumbo a su desmantelamiento o adecuación para reconstruir el régimen hegemónico. Y todo lo demás que se señala al régimen de López Obrador, como la militarización y polarización de la sociedad mexicana.
¿Y por qué ocurre esto? Esa respuesta requiere de un mayor análisis. Pero, por lo pronto y en suma, porque ese es el camino, casi una receta, para la consolidación de un sistema populista, autoritario y excluyente, que se basa en la mentira y el engaño para mantenerse en el poder.
Y para iniciados
¿Por qué ciertos funcionarios públicos del actual gobierno están tan protegidos por guardaespaldas? Los Guacamaya Leaks también contienen información sobre los estados y municipios, sobre las sospechas y seguimientos de la SEDENA a funcionarios hoy en el poder. No se extrañen cuando se comiencen a difundir.
La información es PODER!!!
