Antes de la creación del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), los elementos objetivos para negar que México pudiera ser considerado plenamente como una democracia era más que abundantes. El mismo hecho de que la responsabilidad de la organización de las elecciones estuviera a cargo del gobierno federal, siendo así árbitro y jugador al mismo tiempo, ya dejaba mucho que desear. Incluso, en su primera etapa, el IFE no fue por completo independiente, pues el asiento principal de su Consejo General lo ocupaba el secretario de Gobernación.
No es ninguna exageración decir que la transición a la democracia en México ha tenido un alto costo, incluso en vidas humanas. Sería una barrabasada simplemente obviar los cientos de homicidios de activistas políticos de oposición y el encarcelamiento de cientos más al paso de los años, que han quedado en la más absoluta impunidad o han sido encubiertos con chivos expiatorios.
Por supuesto, el asesinato de Luis Donaldo Colosio es el que más nos recuerda lo que han sido capaces de hacer los hombres del sistema contra prominentes figuras. Pero antes de él, ya en el México posrevolucionario, contamos los de Maximino Ávila Camacho, quien según la versión oficial que nunca se investigó, murió por envenenamiento en un evento político, organizado por la CROM. Y el de Francisco Javier Ovando Hernández, representante de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en el Cómputo Electoral Nacional, cuatro días antes de la caída del sistema, cuya operación era responsabilidad del entonces secretario de Gobernación y hoy consentido multimillonario, protegido de Andrés Manuel López Obrador, a quien acaban de descubrir una compleja red empresarial que se ha beneficiado ampliamente de contratos con el actual gobierno, Manuel Barttlet Díaz.
Estos, y muchísimos más hechos, junto con la evolución de las leyes en materia electoral -de la que comentaré en otra ocasión- dan cuenta de lo complicado del tránsito de México de un país bajo un régimen autoritario, en el papel democrático, pero en los hechos antidemocrático, a uno en el que los resultados electorales comenzaron a tener credibilidad.
Con todo y las reformas electorales, el sistema político mexicano ha seguido siendo el mismo. Sigue siendo presidencialista, republicano y federal. Siguió siendo señalado por los abusos de poder, el enriquecimiento ilegal de gobernantes, representantes populares y funcionarios de todos los niveles. Y, la llamada clase política, no ha dejado de intentar tener el control de las autoridades que dirigen las instituciones electorales, muchas veces con éxito, a través del reparto de espacios, las famosas cuotas de poder, entre los partidos políticos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha convocado a una nueva reforma electoral. Y sí creo que es necesaria una reforma, así como lo dice el presidente, que sea útil para impedir que las autoridades electorales estén al servicio de los partidos, de los gobernadores o de los presidentes. Pero más allá, incluso que los sancione penalmente y con severidad si intentan influir en las autoridades y en los resultados de las elecciones. Pero también que cierre el paso a las actividades fraudulentas como las que vimos en la recolección de firmas para la revocación del mandato, en las que los partidarios de Morena, mayormente, quisieron hacer pasar por válidas las firmas de miles de personas ya fallecidas y otros tantos recluidos en prisiones.
Por supuesto, como lo escuché hace más de veinte años del entonces consejero del IFE, Mauricio Merino Huerta, lo principal es que el INE se convierta en un órgano de carácter eminentemente técnico y ciudadano, alejado del debate político y de las luchas por el poder. Y eso sólo es posible con una nueva reforma electoral.
Y para iniciados
Va el primer torito de peso pesado para Margarita González Sarabia, titular de la Lotería Nacional. El INAI le ha ordenado que entregue a un particular, que así lo solicitó, toda la información sobre el uso y destino de los dos mil millones de pesos que se supone debieron utilizarse para la rifa sin avión, del avión presidencial. Los resultados de su informe, además del impacto positivo o negativo para el régimen de López Obrador, también podrían acercarla o alejarla de la posibilidad de ser la candidata de Morena al gobierno de Morelos en el 2024. Hoy por hoy, Margarita es la mejor carta que podría jugar ese partido para ganar la contienda. Pero tendrá que irse con pies de plomo, porque ya se comienza a mencionar su nombre en las altas esferas y eso no está gustando a los Rabines, ni a los pesistas, ni a otros con menos posibilidades, pero que están dispuestos a hacerle la guerra sucia.
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