El tema de la seguridad es uno latente a lo largo y ancho del país, nos queda claro que el factor economía incide en aquel, pero al parecer no se han toman en cuenta o por lo menos no con la seriedad que debiera, por lo menos ese es el sentir popular.
Decimos eso, pues según el Programa de Seguridad 2020-2024 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, para el 2024 habrán disminuido en 50% los delitos de homicidio doloso, secuestro, robo de vehículo, robo a casa habitación, robo a transeúnte y en el transporte público; nos resulta inexplicable tal protección pues nuestra realidad es otra.
Primeramente porque todos esos delitos son de la competencia competencia de las entidades federativas, no de la Federación y por otra parte, acudiendo a las comparaciones, que aunque son odiosas, sin embargo, resultan ilustrativas, tenemos que por ejemplo en Colombia, combatir esos delitos les tomó al menos dos décadas, contando con mejores instituciones de seguridad y justicia que las nuestras y con menor extensión territorial, además de un régimen nacional y no uno federado; y agréguele sin abrazos mas que balazos.
Lo mejor sería empezar por entender de mejor manera qué elementos debe tener una estrategia de seguridad que tenga probabilidades de éxito.
Una y otra vez constatamos que son insuficientes las actividades que se realizan en temas de seguridad y justicia, porque no se ataca la raíz del mal, como tampoco se combate de manera frontal la impunidad, que es otro de los serios problemas en México que han generado desconfianza en las autoridades en general y en las fiscalías en particular, pues quisiéramos que el sistema de procuración de justicia haga su trabajo, que no es otro que el de dar explicaciones razonables a la víctima, la sociedad y el juez sobre qué sucedió, porqué el imputado es responsable y cuál debe ser la sanción aplicable.
¿Por qué las fiscalías no dan explicaciones? ¿Por qué en la inmensa mayoría de los casos las víctimas no saben qué pasó y su carpeta termina en el archivo temporal? El corazón del problema de la impunidad radica en los métodos de trabajo de las fiscalías, eso consideramos.
Aunque suene increíble, más que procesos de investigación, en las fiscalías existe lo que se puede denominar «el ritual de los oficios». Es decir, una vez que se abre la carpeta, el Ministerio Público ordena una serie de requerimientos a servicios periciales y a policías de investigación que son más o menos homogéneos por tipo de delito. Su objetivo no es construir una explicación a la víctima, al juez y a la sociedad sobre qué paso y quién es el responsable. Esta dinámica de trabajo se centra en cumplir requerimientos burocráticos -papeleo- para enviar la carpeta al archivo temporal y en el mejor de los casos, que realmente son menos, se ejercitará la acción penal.
En estos trámites burocráticos se consume aproximadamente 70% de los recursos humanos de las fiscalías. La enorme tasa de impunidad se explica principalmente por un método de trabajo burocrático e ilógico. Podemos equivocarnos en esta perspectiva, pero más interesante sería recibir un desmentido.
Por ello, estimamos que cualquier estrategia de seguridad con alguna probabilidad de éxito tendría que pasar urgentemente no solo por la prevención del delito y la administración de justicia, sino en un replanteamiento del método de trabajo que redefina los roles de los ministerios públicos, la policía y los peritos, por supuesto, esto exige invertir recursos y desarrollar capacidades institucionales en todas las fiscalías del país.
En concreto, para hacer frente a toda clase de ilícitos, se requiere un cuerpo policiaco de investigación criminal que trabaje de la mano con servicios periciales para construir verdaderos rompecabezas delictivos para saber qué paso y quién puede ser el responsable. El trabajo del ministerio público o fiscal, por su parte, no debe ser el de emitir oficios y solicitar diligencias, sino el de transformar la información obtenida durante la investigación policial y pericial en un caso judicialmente sustentable y ganable.
La Fiscalía debe ser la bisagra que une al mundo policial de los hechos, con el mundo jurisdiccional, para que realmente exista la justicia completa e imparcial.
Evidentemente; queda claro que el proceso civilizatorio de reducción de la violencia pasa por demostrar cuáles son las razones del delito, que pruebas se tienen para proceder en contra de los probables responsables y la forma de aplicación e interpretación de la Ley, creemos que avanzar en este sentido nos permitiría construir una forma de pacificar y resolver nuestros conflictos.
Nos queda claro que sin la aplicación de la Ley no hay justicia, y sin justicia, no habrá seguridad, ni crecimiento sustancial que impacte positivamente en la construcción de una sociedad más equitativa y democrática.
