El próximo 1 de septiembre no es solo una fecha en el calendario institucional de México. Es un parteaguas. Ese día, inicia una nueva etapa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no solo por la renovación de sus integrantes, sino por la forma en que estos llegaron al cargo y lo que ello representa para el sistema judicial del país.
La elección de ministros, en teoría democrática, ha estado rodeada de irregularidades que no pueden pasarse por alto. La aparición de “acordeones” —listas impresas que marcaban cómo votar— no fue un accidente aislado, sino un mecanismo de control político que trastocó la idea misma de un voto libre y razonado.
Aunque no se pudo probar quién los imprimió, su influencia en los resultados fue evidente y por tanto, da lugar a presumir la estrategia oficialista.
Los ganadores coincidieron, de manera casi exacta, con los nombres que aparecían en esas listas.
La narrativa oficial insiste en que se trató de una elección democrática, pero lo cierto es que la legitimidad que se dice haber ganado en las urnas no puede construirse sobre la opacidad ni sobre una participación escasa y desinformada; no olvidemos que sólo fueron válidos el 9% de un total de apenas el 13% del padrón electoral.
La ciudadanía, o mejor dicho, las pocas personas que votaron y siguieron los “acordeones”, no eligieron con plena conciencia; eligieron en muchos casos sin saber a quiénes votaban, guiadas por papeles entregados a última hora. No hubo mérito, no hubo trayectoria pública reconocida, no hubo siquiera un debate serio sobre la idoneidad de los candidatos.
En cambio, lo que sí hubo fue una poderosa maquinaria política capaz de imponer su voluntad. El mismo tribunal que debió garantizar equidad y legalidad, terminó avalando candidaturas que ni siquiera cumplían con los requisitos académicos básicos. Y cuando se discutió la anulación de la elección, el argumento mayoritario no obstante lo evidente, fue la supuesta falta de pruebas concluyentes, no la falta de legalidad. Es decir, se optó por cerrar los ojos antes que cuestionar al poder.
Ahora, estamos a las puertas de un nuevo ciclo judicial que arranca sin el respaldo de una legitimidad sólida, ni electoral ni profesional. Lo preocupante no es solo lo que se hizo, sino lo que esta nueva Corte podría dejar de hacer: ejercer su papel como contrapeso, como garante de la Constitución, como defensora de los derechos frente a posibles abusos del poder.
Por supuesto, cabe la esperanza de que algunos de los nuevos ministros muestren independencia, capacidad jurídica y compromiso con la justicia. Pero las señales iniciales apuntan hacia una Corte más cercana al discurso político y “populachero”, que a la letra constitucional. Una Corte más dispuesta a construir narrativas populares que sentencias fundadas en Derecho.
A partir del 1 de septiembre, México tendrá otra Suprema Corte. Solo podemos decir que, ojalá sea mejor, lo cual no creemos, pero lo que sí sabemos es que será una Corte radicalmente distinta.
Lo que está en juego no es solo la interpretación de la Constitución y de la ley, sino el propio lugar del Derecho en la vida pública del país.
