El gobernador Cuahutémoc Blaco Bravo pretende usurpar las funciones de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas (CEARV) Estatal y desde su administración se ha dedicado a obstruir la liberación apoyos para víctimas directas e indirectas «violentando sus derechos», denunciaron activistas.
Integrantes de distintos colectivos de víctimas, entre ellos Víctimas y Ofendidos del Estado de Morelos, Unión de Familia Resilientes Buscando a sus Corazones Desaparecidos, Frente de Víctimas del Estado de Morelos, Ana Karen Vive y víctimas independientes.
Detallaron que desde el 2019 la liberación de los recursos del fideicomiso de apoyos para las familias de las personas desaparecidas o asesinadas están frenados.
«El representante del comité técnico del fondo fiduciario de atención y reparación de Víctimas , es el gobernador, pretende (a través de sus representantes) realizar el trabajo de la Comisión Ejecutiva que es manejar el recurso del fondo y se están tomando atribuciones que no les corresponde «, explicó Amalia Hernández, tía de Oliver Wenceslao Hernández, joven comerciante secuestrado en 2014 y por cuyo caso se descubrió las fosas de Tetelcingo.
Agregó :
«Y con ello violentan el derecho de la víctima a tener una asistencia social médica , educacional , y las diversas prestaciones».
Entre los argumentos que da el Gobierno de Morelos «es que existen expedientes con diversas irregularidades que podría tratarse de fraude y nos configuraría como víctimas fraudulentas por presentar un escrito libre (un recibo hecho por la víctima)», explicó.
Tras jornada de protestas y bloqueos víctimas acorralaron al Gobierno de Morelos y este lunes después lograron establecer diálogo.
«En las reuniones nos hemos percatado que es falta de conocimiento de las propias normas que rigen el fideicomiso y observamos que ellos ven como irregularidades lo permite el propio reglamento», agregó.
Ejemplifica que la mayoría de las víctimas cuando inician la búsqueda desconocen que deben guardar los comprobantes de gastos para que una vez que accedan a la reparación de víctimas les sea repuesto el dinero erogado. Entonces el reglamento establece que podemos que las víctimas pueden entregar un recibo libré escrito con su puño y letra.
Para las víctimas el hecho de que las autoridades no se den el tiempo de revisar bien la Ley y el reglamento del fideicomiso la lectura es «que al gobierno de Cuahútemoc Blanco no le interesan las víctimas».
Además, el Gobierno de Morelos pretende imponer condicionantes para poder acceder al fondo por ejemplo en el rubro de educación para los hijos de víctimas con la pandemia y la nueva modalidad de clases requieren una computadora.
Pero el gobierno pretende imponer porvedores.
En esa reunión – presidida por el subsecretario de gobierno Mauricio Termignoni- se acordó instalar una mesa de revisión de expedientes.
Hasta ahora está pendiente la liberación 147 expedientes, por distintos beneficios, pero de ellos solo han revisado (con desconocimiento de las normas) 104 y de los cuales 44 podrías ser liberados de manera directa.
El funcionario estatal pidió a las víctimas cinco días para poder revisar los expedientes, en ese lapso las activistas pro víctimas participaran y fungirán como inspectoras.
La promesa es que al termino de ese plazo se podría realizar una sesión ejecutiva para aprobar los expedientes antes de que terminé el año.
Ana Luisa Garduño, madre de Ana Karen una joven que fue asesinada en 2012, destacó que otra cosa que observaron es que la Comisión Ejecutiva tiene la disposición sacar adelante este pendiente y accedió sin ninguna traba a la revisión, contrario al argumento que por separado daban el gobierno del estado.
Advirtieron que de no cumplirse las promesas podrían agudizar sus acciones, «ya no seremos víctimas pasivas».
