El Gobierno del estado de Morelos, a través de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), informa a la ciudadanía en general, con motivo de las recientes declaraciones hechas por algunos líderes de agrupaciones de transportistas, lo siguiente:
Es falso que el Gobierno estatal haya hecho un acuerdo con los transportistas para incrementar la tarifa del transporte público al final de la presente administración.
Del mismo modo, niega categóricamente que no se haya apoyado a los transportistas, por el contrario, además de las 16 campañas de descuentos en impuestos y derechos que se han otorgado desde el 2021 a la fecha, en plena pandemia, se autorizó un ajuste a la tarifa del transporte público, en donde los transportistas se comprometieron a tramitar los gafetes de sus operadores, a instalar en sus unidades los sistemas GPS y a llevar a cabo anualmente la revista mecánica, situación que hasta la fecha no han cumplido.
Ahora, con base en amenazas, exigen un incremento en la tarifa, sin que se lleve a cabo el proceso de revisión como lo marca la ley.
La tarifa del transporte público se revisa atendiendo a lo dispuesto por el Artículo 110 de la Ley de Transporte del Estado de Morelos y debe considerar tres aspectos fundamentales: la necesidad y rentabilidad del servicio; el interés público y la capacidad de pago de los usuarios.
Es por ello que el Poder Ejecutivo está en la firme postura de defender los intereses de la ciudadanía, evitando que el pueblo sea rehén de un grupo de líderes transportistas que, con base en amenazas, amagan con interrumpir la prestación del servicio de transporte público y con bloquear vialidades para presionar al Gobierno a incrementar la tarifa del transporte público, sin haber llevado a cabo el proceso de revisión que la ley establece para estos casos.
En ese sentido, la ley de transporte es muy clara, en la Fracción VIII del Artículo 71, señala: “procede la revocación de las concesiones cuando se altere el orden público o la vialidad, en forma tal que se deje de prestar el servicio de transporte público”.
Derivado de lo anterior, el Gobierno estatal informa a la población que, si las amenazas de los transportistas pasan a los hechos, se aplicará con firmeza y determinación la ley; y se lanzará la convocatoria de urgencia para garantizar la continuidad de la prestación del servicio de transporte público.
Por ningún motivo el Gobierno de Morelos permitirá que, a través de la imposición, la intimidación y el chantaje, se pretenda afectar a la ciudadanía con bloqueos de vialidades e interrupción del servicio de transporte público.
